Caracas. La Asamblea Constituyente aprobó el martes un decreto que subordina los poderes públicos del país a la nueva instancia.
Según el primer vicepresidente de la Constituyente, Aristóbulo Istúriz, el decreto le otorga facultades al organismo para “reformar” y “limitar las funciones”. No dio más detalles.
Istúriz dijo a la televisora estatal que el decreto busca establecer un conjunto de normas que permitan “relacionarnos de manera armónica entre el poder constituyente, que es un supra poder, que es un poder supra constitucional, que es plenipotenciario, con cada uno de los poderes constituidos”, aunque reconoció que la Asamblea Nacional se ha negado a convivir con la Asamblea Constituyente. El vicepresidente advirtió que de no cumplirse las nuevas normas “simplemente aplicaremos la ley”.
La presidenta del organismo, la excanciller Delcy Rodríguez, indicó minutos antes que de acuerdo a lo que establece la carta magna, los poderes constituidos no pueden impedir las decisiones del nuevo cuerpo. “El poder constituido está subordinado a esta Asamblea Nacional Constituyente”, dijo Rodríguez en declaraciones difundidas por la estatal Agencia Venezolana de Noticias.
El decreto fue aprobado durante la tercera sesión de la Constituyente —controlada por el oficialismo— que se realizó en el hemiciclo protocolar del Palacio Legislativo. Éste fue tomado la víspera por Rodríguez con el apoyo de guardias nacionales en una acción que fue condenada por el Congreso, que la consideró como un “asalto”.
Entre retratos de Simón Bolívar y Hugo Chávez, acompañados del ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y otros miembros del ejército, los constituyentes condenaron el asalto que se registró el domingo en un fuerte militar del centro del país donde fue hurtado un lote de armas.
Cancilleres condenan ruptura democrática
Lima. Los cancilleres de varios países de América reunidos en Lima durante más de cinco horas condenaron el martes la “ruptura del orden democrático en Venezuela”. Asimismo indicaron que los actos jurídicos que conforme a la constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional sólo serán reconocidos cuando dicha asamblea los haya aprobado.