Omar Ramos Camacho, candidato a la presidencia del Colegio de Abogados y catedrático de Derecho Constitucional y Administrativo de la UASD y UCSD, considera que para lograr jueces de las Altas Cortes más objetivos, independientes, libres y soberanos el Colegio de Abogados debe participar como integrante en el Consejo Nacional de la Magistratura puesto que sería el elemento apartidista que valoraría condiciones concretamente morales, profesionales, académicas e intelectuales de los aspirantes.
Omar Ramos Camacho garantiza que con su propuesta la hegemonía de los partidos políticos sobre la justicia mermaría su control en las más significativas instancias jurisdiccionales dominicanas debido a que la experiencia comparada así lo avala, citando a Italia, España, Argentina… En cuanto al perfil que deben poseer los magistrados de la Altas Cortes, pondera que deben tener idoneidad técnico-jurídica especializa, ser honestos, sus creencias no deben interferir en sus decisiones judiciales y poseer una capacitación actualizada y amplificada a un marco político, social y cultural que le sirva para entender el impacto de sus sentencias.
El jurista Omar Ramos asegura que debe hacer una democratización de la justicia en el acceso a la función jurisdiccional, el cual debe ser con arreglo al mérito de los aspirantes, con respeto al sistema de carrera judicial y conforme al régimen de incompatibilidades de cada tribunal. Los nuevos jueces de las Altas Cortes deben restituir la confianza en la justicia y para ello Ramos considera que sus roles deben caracterizarse por el sentido común, equilibrio, templanza, experiencia y tolerancia para soportar presión.
El candidato a la presidencia del CARD, Omar Ramos Camacho, confirma que en el Estado de Democrático la participación del ciudadano no se limita al voto, sino que el control del poder político también debe incluir jueces asépticos que tengan la obligación de motivar lo que hacen y cómo lo realizan. En esa línea, establece que los jueces deben prescindir de condicionamientos exógenos limitándose a hacer justicia conforme al principio de legalidad, al Estado de Derecho y al Estado Constitucional.