DICEN PUNTO COM
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), Yuniol Ramírez, afirmó que el expediente del caso Odebrecht que instrumenta la Procuraduría General de la República, indefectiblemente deberá incluir a los presidentes y voceros de las gestiones que en el Senado de la República y la Cámara de Diputados que aprobaron las construcciones de obras por parte de la compañía brasileña, ya que según la entidad, es un secreto a voces el hecho de que los sobornos históricamente han sido entregados a través de los voceros de las distintas bancadas.
En ese sentido, el representante de CONA aseguró que ningún expediente sería mínimamente serio si en el mismo no son encartados el presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez, el expresidente de la Cámara de Diputados y actual Alcalde de Santiago Abel Martínez Durán y el ministro de Obras Pública Gonzalo Castillo.
“El expediente que instrumenta el protector de Ángel Rondón y de dirigentes del PLD no tiene razón de ser, si en el mismo no son encartados el actual presidente del Senado Reinaldo Pared, el ex presidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez, así como el ministro de Obras Públicas, cuyo último funcionario supuestamente recibió de parte de Odebrecht cinco millones de dólares, unos 235, 000,000 de pesos”, expuso el profesional del derecho.
Ramírez lamentó que el procurador General esté a punto de materializar su tan anhelada protección de Rondón y varios de sus compañeros de partido logrando amarrar medidas de coerción leves y la eventual disuasión de la sociedad, periplo que inició desde el momento en que pretendió le fuera homologado por el Magistrado José Alejandro Vargas un acuerdo con Odebrecht, a todas luces improcedente.
El Abogado dijo estar convencido de que el procurador General y el Juez del Tercer Juzgado de la Instrucción, Danilo Amador Quevedo constituyeron una coalición de funcionarios para encubrir a implicados en el recibimiento de los sobornos entregados por Odebrecht, presentando, el primero, y acogiendo el Juez, el Criterio de Oportunidad al margen del artículo 34 del Código Procesal Penal, por lo que informó en los próximos días procederá a radicar una querella contra los referidos funcionarios.
El jurista instó al procurador confirmar o desmentir el presunto pago que hiciera a abogados privados, de la suma de dos millones de dólares (94 millones de pesos) del dinero público, para “asesorar” al Ministerio Público en la redacción y defensa de cara a la opinión pública de un “acuerdo de encubrimiento”, cuya información será solicitada a la PGR en virtud de la Ley 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública.
