DICEN PUNTO COM
SANTO DOMINGO.-Decenas de Abogados depositaron este viernes una carta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía, en la que externan su preocupación por la arbitrariedad, desenfados y facilidad con la que el Consejo del Poder Judicial y “la propia suprema” trunca, entorpece la vida de los servidores judiciales.
Manifestaron su consternación por la decisión del Consejo del Poder Judicial de suspender al magistrado Rafael Pacheco, juez del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional violando el debido proceso y su presunción de inocencia.
El ex presidente del Colegio de Abogados, doctor Fernando Pérez Volquez junto a decenas de togados, en rueda de prensa, frente a la SCJ, expresaron su preocupación de “como somos testigos de la forma infeliz en que son publicados los nombres de los jueces, a veces con una carrera decorosa en condición de investigados, suspendidos, sin disfrute de sueldo o enviados a juicios disciplinario, implicando un agravio para el buen nombre de esa persona”. Citaron el reciente caso de Rafael Antonio Pacheco Paulino, quien fue suspendido.
Perez Volques defendió el derecho que tienen los jueces de emitir sentencias a favor de ciudadanos cuando el Estado los mantiene “luego de cuatro años violando sus derechos y sin fallos”.
Lamentablemente la suspensión de ayer del magistrado Pacheco reboso la copa, el cuarto juez en menos de dos meses, se le aplique una suspensión sin disfrute de salario, sin ningún tipo de explicación, y sin juicio disciplinario. La ley de Carrera Judicial es clara y especifica, por eso el Colegio de Abogados dijo apoya su aplicación, pero con el respeto al debido proceso.
Ante la situación, la comisión de abogados pide al Consejo del Poder Judicial resarcir a los magistrados Manuel del Socorro Pérez, Saulo Isabel Díaz, Rosali Yovianka Brito restituirlo ya que son de un proceder correcto y que a causa de una decisión juridiscional que como abogados , el ataque hacia ellos resulta injustificados.
Durante los últimos dos meses se han suspendido cuatro jueces y destituido dos magistradas.
Califican como un atentado esas acciones indebidas contra jueces que están capacitados como el Juez Rafael Antonio Pacheco Paulino ,presidente del tercer Tribunal Colegiado, quien tiene 20 años de honesta labor y ahora le paguen con esta arbitrariedad”.
Reiteraron su Llamado al Consejo del pleno del Poder Judicial para que revisen esas medidas arbitrarias de dañar reputaciones de jueces.
El Card, rechaza la forma de suspensión del magistrado Rafael Pacheco
Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados,recordó que la Ley de Carrera Judicial establece de manera clara y precisa el procedimiento disciplinario a seguir cuando se entiende que algún miembro del Poder Judicial ha incurrido en una falta que es someterlo a un juicio público, oral y contradictorio, donde se presenten elementos probatorios contundentes que destruyan la presunción de inocencia y luego suspender y aplicar sanción.
“Consideramos que las sanciones consistentes en suspensión de jueces que se han estado aplicando en las últimas semanas, cuatro en los últimos dos meses, afectan el principio de presunción de inocencia porque se está adelantando la condena de los procesados. Asimismo afecta la independencia del Poder Judicial porque puede prestarse a manipulaciones de las decisiones judiciales”, expresó Surun Hernández.
CARD hizo un llamado urgente al Consejo del Poder Judicial a pensar en la salud de nuestro sistema de justicia y del buen desenvolvimiento de sus actividades, las cuales están siendo entorpecidas cuando algunos de los actores incurren en determinadas violaciones del debido proceso.
Es fundamental que reencontremos el hilo institucional, jurídico y Constitucional en favor de los jueces de la República Dominicana y que pongamos fin a este clima de terror que está afectando la administración de justicia y la independencia del Poder Judicial.
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun, aclaró que NO se opone a que ningún magistrado sea investigado, procesado y castigado si se demuestran faltas graves, pero siempre bajo respetando el debido proceso, la Constitución y las normas que protegen los derechos fundamentales de los magistrados.
