DICEN PUNTO COM
GINEBRA.- La relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, Sheila Keetharuth, dijo hoy que el Gobierno eritreo debe poner en libertad al periodista Dawit Isaak, que fue detenido en 2001 y que recibió este año el Premio Mundial de la Libertad de Prensa de la Unesco.
La experta independiente de la ONU también urgió a las autoridades en Asmara, la capital de Eritrea, a liberar sin condiciones a todas las demás personas detenidas ilegalmente.
“Las autoridades eritreas deben parar inmediatamente la práctica de arrestos y detenciones sin base legal”, recalcó la relatora.
Dawit Isaak, de 52 años, se mudó a Suecia en 1978, país del que adquirió más tarde la ciudadanía.
Volvió a Eritrea solo después de su independencia en 1993 y fue uno de los fundadores y periodistas de Setit, el primer periódico independiente en el país.
Fue arrestado en septiembre de 2001 durante una operación policial contra el denominado G-15, un grupo de políticos y periodistas críticos con el Gobierno.
Algunos de este grupo fueron detenidos y torturados y otros desaparecieron, como fue el caso de Isaak, del que no se tienen noticias desde 2005.
“El caso de Isaak es emblemático de todos aquellos que han sufrido desapariciones forzosas por parte del Gobierno eritreo y permanecen desaparecidos”, señaló Keetharuth.
La relatora recordó las conclusiones de la comisión de investigación de la ONU sobre los derechos humanos en Eritrea, que determinó que había “motivos razonables para pensar que funcionarios eritreos han cometido crímenes contra la humanidad, incluidos los de desaparición forzosa, de manera persistente, extendida y sistemática desde 1991”.
La experta recalcó que el Gobierno tiene la obligación de informar “urgentemente” del destino de todos los privados de su libertad, lo que sería una señal de que está comprometido con reconstruir la confianza con los ciudadanos.
Igualmente sostuvo que al permitir inmediatamente acceso sin impedimentos a observadores independientes a todos los lugares de detención, oficiales y no, el Ejecutivo enviaría la señal de que reconoce las violaciones de derechos humanos en el pasado y que toma pasos ahora para mejorarlas sobre el terreno.
