DICEN PUNTO COM
CARACAS. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, activó ayer el procedimiento para la remoción de siete magistrados del Supremo por su “responsabilidad en la ruptura del orden constitucional”, una acción que el chavismo consideró un “golpe parlamentario” que vulnera la Constitución.
El acuerdo sobre la “activación del procedimiento” contra los juristas fue aprobado con el voto opositor y en presencia de la bancada oficialista, que asistió a esta plenaria pese al “desacato” en la que aún se encuentra la Cámara, según el Supremo.
El texto aprobado por los opositores condena “la violación generalizada y sistemática del orden constitucional y democrático en Venezuela, y el golpe de Estado cometido, lo cual se ha visto confirmado por las más de 50 sentencias inconstitucionales y actos en contra del Parlamento”.
Las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojaron a la Asamblea de sus funciones y limitaron la inmunidad parlamentaria, lo que, según el acuerdo del Parlamento, dejó “explícitas las intenciones de desmantelar la institucionalidad democrática y asegurar una completa concentración de poderes”.
El diputado opositor Juan Miguel Matheus, quien presentó el acuerdo al pleno, precisó que con el mismo no se producía la remoción de los magistrados, sino que se iniciaba este proceso.
Según la Constitución venezolana, la remoción de los magistrados del Supremo requiere con anterioridad que el Poder Ciudadano -presidido por el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab- califique como “falta grave” su actuación.
El jefe del grupo parlamentario chavista, Hector Rodríguez, consideró que, al saltarse este paso, la Cámara está llevando a cabo un “golpe de estado parlamentario”.
Saab respaldo el pasado lunes la actuación del Supremo y negó implícitamente que en el país se hubiese “vulnerado el orden constitucional” tal como considera la mayoría opositora del Parlamento.
La Cámara emplazó ayer al Poder Ciudadano y a la Fiscalía a tramitar la solicitud que los diputados dijeron haber presentado ante ambos organismos el pasado 31 de marzo y otro documento complementario que presentarán próximamente en relación con las “faltas graves” de los juristas.
Además, acordaron “dejar a salvo la posibilidad de iniciar el procedimiento de declaración de nulidad de la designación de los magistrados del TSJ que hayan sido elegidos por la Asamblea Nacional sin cumplir los requisitos constitucionales y legales”.
Matheus indicó que los siete magistrados de la Sala Constitucional del Supremo que busca remover la Asamblea son: Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta y Gladys Gutiérrez, todos ellos, afirmó el diputado, por ser “autores materiales del golpe de Estado”.
El Legislativo acordó además responsabilizar al presidente del país, Nicolás Maduro, del supuesto “golpe de Estado” perpetrado por el máximo tribunal al desconocer al Poder Legislativo.
El diputado opositor y expresidente del Parlamento Henry Ramos Allup presentó otro acuerdo en el hemiciclo y aseguró que, aunque se hayan revocado las dos sentencias del Poder Judicial, persiste el desconocimiento al Parlamento y por tanto el “golpe de Estado”.
“Sigue el golpe de Estado continuado, aunque no existieran estas dos sentencias, existen otras 50 (…) sentencias que nos declaran en desacato permanente”, afirmó el legislador en referencia a una serie de dictámenes del Supremo que declaran nulas las decisiones de la Cámara por persistir en “desacato”.
Los parlamentarios opositores acordaron igualmente rechazar la conducta del defensor del Pueblo, a quien acusaron de haber “puesto otra vez de manifiesto su solidaridad automática con el Ejecutivo nacional y su complicidad con la violación de derechos humanos”.
El documento también pide a la fiscal general, Luisa Ortega, que “incoe las averiguaciones conducentes al establecimiento de la responsabilidad penal en la materia”.
Asimismo, exhorta a los venezolanos a que “se mantengan movilizados y en protesta permanente” hasta “la recuperación del orden constitucional”, y condena “la violencia, acoso y represión” de las que, asegura, son víctimas los diputados por parte de las autoridades venezolanas.
La oposición venezolana convocó para mañana una serie de movilizaciones a nivel nacional a la que denominaron “tranca contra el golpe”, en respaldo al Parlamento por el proceso que hoy inició.
Los diputados chavistas, que ingresaron a la sesión una vez que ya había comenzado, rechazaron el debate y lo consideraron “una violación de la Constitución”.
Posteriormente, en rueda de prensa, el jefe de la bancada chavista llamó a marchar también mañana en Caracas y recalcó que, según la Constitución, el Legislativo “no tiene potestad” para remover a los jueces sin el aval del Poder Ciudadano, y sin la mayoría de dos tercios de la Cámara, algo con lo que, aseguró, no cuenta la oposición.
