DICEN PUNTO COM
Un grupo de diputados venezolanos de oposición al Gobierno acudió hoy a catorce embajadas en Caracas para pedir a sus países que rechacen el “golpe de Estado” que, aseguran, asestó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
Los legisladores, todos del partido Primero Justicia (PJ) en el que milita el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, entregaron ante las sedes diplomáticas una copia del acuerdo aprobado el mes pasado en la cámara en apoyo a la aplicación en Venezuela de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Dicho texto también rechaza la “persecución política” de la que acusan a Maduro y pide apoyo a la comunidad internacional “en la recuperación de la democracia en el país a través de elecciones”.
Los parlamentarios acudieron a las embajadas de Estados Unidos, Colombia, Honduras, Bolivia, Barbados, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Granada, Perú, Surinam, Belice, Paraguay y Cuba, siendo ésta última la única en la que no recibieron el documento al alegar, según PJ, que solo el embajador podía hacerlo.
A través de su cuenta en la red social Twitter, el partido de Capriles mostró fotografías y vídeos que daban cuenta de estas movilizaciones, así como de una protesta en el este de la capital venezolana encabezada por los diputados Miguel Pizarro, Juan Requesens y José Manuel Olivares.
Estos tres opositores cortaron parcialmente el paso de vehículos durante una media hora en una de las principales avenidas de Caracas y marcharon hasta dependencias del Supremo, frente a las cuales vaciaron sacos de paja en señal de protesta.
“Ninguna fuerza policial ni Maduro nos van a quitar el derecho a protestar por nuestros sueños”, dijo a los periodistas Requesens, quien invitó a marchar hasta el Parlamento mañana, cuando los diputados abordarán la supuesta ruptura del orden constitucional en el país.
Durante la última semana, Venezuela ha registrado tensión política por dos sentencias del Supremo, ya revocadas, para despojar al Parlamento de sus competencias y a los diputados parcialmente de su inmunidad.
Por ello, la mayoría opositora, que controla el Legislativo, ha anunciado que mañana comenzará un proceso para destituir a los miembros de la Sala Constitucional del TSJ, quienes firmaron las decisiones, idea que para concretarse requiere el apoyo del Poder Ciudadano, instancia más cercana al Ejecutivo.
