DICEN PUNTO COM
LA PAZ.- Los cocaleros de la región boliviana de La Paz que protestan contra un proyecto de ley sobre esos cultivos reivindicaron hoy que su manifestación es pacífica, después de que la Policía interviniera esta madrugada el cerco que mantenían en la plaza Murillo, sede del Palacio de Gobierno y el Legislativo.
“Ni en tiempos de dictadura hemos visto que se ataque habiendo señoras y niños”, se quejó a Efe el presidente de la comuna de Villa Cora, en la provincia paceña Inquisivi, Oscar Terán.
El dirigente sostuvo que “van a seguir hasta las últimas consecuencias”, de forma pacífica, a pesar de que la policía les “gasifique” como si fueran “ladrones”.
El proyecto de ley promovido por el Ejecutivo boliviano plantea subir de 12.000 a 20.000 las hectáreas legales de cultivos de hoja de coca en el país, de las que 13.000 estarán en la zona tradicional de los Yungas de La Paz y 7.000 en el Chapare (Cochabamba, centro), el feudo sindical y político del presidente del país, Evo Morales.
Esto implicaría que en la segunda región podrían aumentar las plantaciones, ya que se calcula que existen alrededor de 6.000 hectáreas cultivadas, mientras que en los Yungas hay más de 13.000.
Los manifestantes aceptan ampliar la superficie legal de cultivos de hoja de coca en el país, pero rechazan que aumenten las plantaciones del Chapare, o trópico de Cochabamba.
Terán dijo a Efe que esta norma es “injusta” ya que amplía el territorio legal del Chapare, que es “una zona de colonización”, y “apenas” deja las mismas hectáreas que concedía la anterior ley a los Yungas, la “zona ancestral” de cultivo de hoja de coca.
La líder cocalera del municipio de Coroico, Caty Cauna, expresó que “afecta económicamente a los productores de los Yungas de La Paz que la producción se legalice en la zona excedentaria”, refiriéndose al Chapare.
Dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), además, han puesto en duda que la hoja de coca cultivada en el Chapare tenga por destino el mercado interno.
Las autoridades han reconocido varias veces que parte de la coca del Chapare es desviada al narcotráfico y allá son habituales las operaciones para destruir laboratorios de producción de cocaína.
El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, calificó esta mañana la movilización de “una acción de connotación política que resulta inaceptable” y acusó a los cocaleros de detonar dinamita y tirar piedras a vehículos y transeúntes.
