DICEN PUNTO COM
La crisis de seguridad que estalló en el estado de Espíritu Santo por una huelga de la Policía Militarizada que ha dejado al menos 121 muertos amenaza con extenderse a otras zonas del país, como Río de Janeiro, donde varios batallones permanecieron hoy acuartelados.
Como ya ocurrió en Espíritu Santo, decenas de familiares de los policías militares se manifestaron frente a las puertas de varios cuarteles de Río de Janeiro y Belem, la capital de Pará (norte), en demanda de mejoras salariales y de una revisión de sus condiciones de trabajo.
Un portavoz de la Policía Militarizada admitió hoy que las tropas están “insatisfechas”, pero garantizó el “diálogo” con el Gobierno regional para llegar a un acuerdo sin necesidad de huelga.
En un intento por frenar el malestar de los policías, el gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, anunció esta semana una subida del 10,22 % para funcionarios de seguridad y educación.
Pezao, debilitado después de que la justicia regional electoral haya pedido que su cese por abuso de poder, es el blanco de frecuentes movilizaciones de funcionarios en demanda del pago de los salarios adeudados.
La posibilidad de una huelga de la Policía en Río de Janeiro, una de las ciudades más peligrosas del país, en vísperas del Carnaval -que atraerá a más de 1,5 millones de turistas- podría provocar un caos sin precedentes en el estado, que declaró “calamidad financiera” el pasado junio.
Las protestas se extendieron también hoy a Belem (noreste), donde cientos de familiares de agentes se movilizaron y bloquearon las salidas de los cuarteles, aunque no han alcanzado la gravedad de la situación creada en Espíritu Santo, donde la huelga que comenzó el pasado sábado ha dejado al menos 121 muertos en circunstancias violentas.
Los 10.000 miembros de la Policía Militarizada de Espírito Santo perciben un sueldo básico de 2.642 reales (unos 800 dólares) y llevan tres años sin aumentos.
La presencia de más de 1.200 miembros del Ejército y la Fuerza Nacional de Seguridad en Vitoria, la capital, y las principales ciudades del estado, no ha frenado la ola de violencia, según el Sindicato de Policías Civiles de Espíritu Santo (Sindipol).
En medio de la crisis, tras el fracaso de una reunión con familiares de los agentes, el Gobierno del estado endureció su postura y presentó cargos contra unos 700 policías por delito de “revuelta”, cuya pena puede llegar a los veinte años de prisión.
“Ha comenzado el proceso de responsabilidad, tanto en el aspecto criminal como militar”, declaró el Secretario regional de Seguridad Pública de Espíritu Santo, André Garcia.
Las protestas pueden extenderse a Río Grande do Norte, donde la Policía Militarizada ha adelantado que decidirá la próxima semana si se sumará a la huelga.
Aunque la Policía es una competencia de los distintos estados del Brasil, la crisis de seguridad contribuye al desgaste del Gobierno de Michel Temer, que ya acusó el impacto de las matanzas registradas a primeros de año en varios presidios del norte de Brasil que destaparon las graves deficiencias del sistema penitenciario.
