DICEN PUNTO COM
Distrito Nacional.- Tras la firma del acuerdo que realizó la Procuraduría General de la República en representación del Estado dominicano con la empresa multinacional Odebrecht, el experto jurista Eduardo Jorge Prats, destaca valoraciones positivas de las implicaciones en torno al mismo.
En ese sentido, asegura que en el aspecto del resarcimiento económico, es la primera vez que el Estado recibirá lo que establece la ley en estos casos, dentro de un plazo preferencial, considerando que ha quedado estipulado que, antes de arribar a la mitad del período otorgado para realizar el pago de los US$184MM correspondiente al duplo de lo que Odebrecht admitió haber pagado en calidad de soborno en territorio dominicano, la empresa debe haber pagado la mitad del dinero al Estado dominicano, debiendo pagar intereses por cada día de atraso en el pago correspondiente en las fechas establecidas, por lo que “si tomamos en cuenta que los plazos logrados por otros países superan los 20 años, entonces hay que reconocer que obtuvimos preferencia en esa parte de la negociación”.
Otro de los puntos de gran relevancia que resalta Eduardo Jorge Prats en su análisis sobre el citado acuerdo en el cual, fungió como asesor, va dirigido a la parte penal, pues “si bien es cierto que hay un compromiso de no persecución contra la empresa y sus empleados directos, no menos cierto es que el Ministerio Público ha quedado con la libertad y la potestad de perseguir penalmente, a toda persona jurídica y moral, nacional o extranjera, que haya sido beneficiada con ese soborno. Pero además, el acuerdo obliga a Odebrechta a que tan pronto como se obtenga la homologación ante un juez competente, suministré información de calidad al Procurador General, que permitan identificar a los favorecidos y estos puedan ser sometidos a la justicia”.
“Si Odebrecht no suministra dentro del marco del compromiso asumido de la colaboración, las informaciones requeridas por el Ministerio Público, de inmediato el acuerdo queda sin efecto y tendría consecuencias penales contra los representantes directos y la misma empresa. En esa parte se ha sido claro y categórico y no está sujeto ese aspecto a otra negociación”, explica Eduardo Jorge Prats.
Considerando que el acuerdo firmado solo abarca el tema de los sobornos, partiendo de las investigaciones que realiza el Ministerio Público al margen de la colaboración de información que se espera por parte de Odebrecht, si se determina violación en otros aspectos legales, el MP puede perseguir penalmente por los otros ilícitos que se pudieran desprender del soborno.
“La información para las autoridades dominicana es clave para la obtención de sustento probatorio que permita perseguir a los sobornados y el acuerdo, tiene como otro de los principales objetivos, acortar el proceso en la medida en que fluyan informaciones relevantes y fidedignas, que sin la obligada colaboración de Odebrecht, tardaría mucho más tiempo recabarla. El MP tiene la firme decisión de identificar, perseguir y someter a todos los involucrados en este caso, y los que resulten condenados, deberán igualmente pagar de forma individual al Estado, las indemnizaciones que corresponda a cada uno”, asegura el Jurista.
