DICEN PUNTO COM
El pleno de la Junta Central Electoral (JCE), designó ayer dos nuevos funcionarios, los cuales desempeñarán funciones importantes en el ordenamiento funcional del organismo, y a la vez figuras claves en todo el proceso de organización de las elecciones.
Se trata de Mario Eligio Núñez Valdez, quien fue nombrado como director nacional de Elecciones y de Miguel Ángel García, en la Dirección de Informática del organismo.
Con los nuevos nombramientos, la Junta Central Electoral, acoge uno de los pedimentos elevados por el Bloque de Partidos de Oposición, en el sentido de que sean removidos aquellos funcionarios que tuvieron papeles protagónicos en la pasada gestión y, de manera especial, en la organización del pasado proceso electoral el cual estuvo plagado de irregularidades que afectaron sensiblemente a los partidos oposicionistas.
Voceros del Bloque de Oposición han externado la esperanza de que los cambios continúen en otras áreas del organismo electoral, y se espera que los directivos de las distintas juntas municipales sean cambiados, como una muestra de que la JCE cuente con un personal idóneo en todos sus niveles de dirección.
Se informó que las nuevas designaciones de los responsables de las direcciones de Elecciones y de Informática de la JCE se produjeron, luego de un “proceso de consulta” con los partidos políticos reconocidos, en reunión del organismo encabezada por su presidente, Julio César Castaños Guzmán, así como los demás miembros del pleno, Roberto Saladín Selín, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo.
En otro aspecto de la reunión, el pleno de la JCE celebró ayer en la mañana una audiencia pública con los partidos políticos donde se discutió la posición que ocuparán cada uno en la boleta electoral, así como los fondos económicos que reciben del Estado. También otorgó un plazo de cinco días a los partidos políticos para que presenten por escrito sus posiciones sobre el nivel de elección a valorar para determinar el orden de las organizaciones en la boleta electoral.
Esa posición en la boleta tiene una implicación económica: a mayor cercanía a la posición número uno, de parte de las organizaciones minoritarias, mayores serán los fondos económicos que recibirán del Estado.
En la audiencia pública con las organizaciones políticas, la discusión se centró en dos bloques: la de los integrantes del bloque oficialista quienes se manifestaron a favor de que el orden de los partidos sea definido tomando en cuenta solo el nivel presidencial, y la del Bloque Opositor, encabezado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), los cuales abogan por una fórmula más equitativa y justa, como es que se haga en base al promedio de votos obtenidos en los tres niveles de elección.
El pasado 18 de junio de 2016, la pasada JCE presidida por el inefable Roberto Rosario, con el deliberado propósito de favorecer al PRD, partido que concurrió aliado al sector oficial, estableció que la referencia para determinar la personería jurídica o la categoría de partidos mayoritarios será en base a la votación obtenida en el nivel presidencial en las pasadas elecciones del 15 de mayo.
Decisión que ha sido militantemente rechazada por la oposición en virtud de que la misma no expresa a plenitud el sentir de los votantes, ni tampoco establece un parámetro de equidad y de justicia en la distribución de los cuadros que ocupan los partidos en la boleta.
La posición opuesta la sustentó el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), con el apoyo del Revolucionario Moderno (PRM) y otras nueve agrupaciones políticas, que piden que la decisión sea tomada en base al promedio de votos obtenidos en los tres niveles de elección, por entender que ningún nivel es más importante que otro.
En el caso de los partidos políticos considerados como mayoritarios ante la repartición económica, la decisión solo les afectaría en el orden que ocuparían en la boleta electoral, que podría variar la tercera posición que hasta el momento se creía en manos del Revolucionario Dominicano (PRD) y podría pasar al PRSC.
La repartición económica sería a partes iguales del 80% de los fondos asignados. En el caso de los partidos minoritarios la decisión es importante porque una parte de los recursos económicos que les otorga el Estado se realiza en base al orden que ocupen al final los partidos políticos en la boleta electoral. Vencido el plazo, la JCE estará en posición de decidir al respecto.
