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WASHINGTON (EE.UU.) .- En guerra contra las deslocalizaciones, Donald Trump amenaza con represalias comerciales a México, China y empresas multinacionales, pero deberá tomar una vía legal estrecha para pasar al acto y expondrá a Estados Unidos a castigos.
Elegido con la promesa de llevar de nuevo puestos de trabajo a Estados Unidos, el futuro presidente reiteró su habitual amenaza el miércoles, asegurando que las empresas que produzcan en México serán gravadas con un “gran impuesto fronterizo”.
Pero, ¿podrá realmente hacerlo?
Según el artículo 1 de la Constitución, el Congreso estadounidense es el que está a cargo de “recaudar y colectar” los derechos aduaneros y de “regir el comercio con las naciones extranjeras”.
La ley fundamental le confiere al presidente estadounidense y a su administración la carga de negociar los “tratados” internacionales, bajo reserva de que sean aprobados por el Congreso.
En el curso del siglo XX, sin embargo, el Congreso estadounidense extendió considerablemente el campo de acción del inquilino de la Casa Blanca en materia comercial.
“Las leyes estadounidenses le dan actualmente al presidente un control inmenso para restringir los intercambios comerciales”, explica a la AFP Gary Hufbauer, exresponsable de las cuestiones comerciales en el Tesoro de Estados Unidos.
“Ciclo de represalias”
Votada en 1917, la “Ley de Comercio con el Enemigo” le permite al presidente poner fin a las importaciones de un país “en tiempos de guerra o períodos de urgencia nacional”, un término bastante ambiguo que da lugar a interpretaciones de todo tipo.
En 1941, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt hizo uso de esta norma para congelar las transacciones comerciales con Japón, y algunos expertos aseguran que Trump podría usarlo ahora argumentando que Estados Unidos lidera operaciones armadas en Irak y en Afganistán.
Otras represalias son más fácilmente justificables. La “Ley de Comercio” de 1974 permite así al ejecutivo imponer derechos aduaneros a un país si sus prácticas son “irrazonables”, o suspender un acuerdo comercial si representa una “carga” económica para Estados Unidos.
Blanco privilegiado de Trump, el tratado TLCAN que une a Estados Unidos con México y Canadá podría verse afectado.
Esta misma ley permite también que la administración imponga una sobrecarga de “15%” sobre las importaciones durante un período máximo de 150 días para permitirle a Estados Unidos corregir “un desequilibrio de balanza de pagos” con sus socios comerciales.
El déficit comercial crónico de Estados Unidos con China podría convertirse en el argumento soñado de Trump.
Legalmente posibles, cualquiera de estas decisiones será arriesgada económica y políticamente..
“Ello provocaría un ciclo de represalias que los Estados completarían sin dudas iniciando acciones ante la Organización Mundial del Comercio”, asegura a la AFP Clif Burns, abogado especializado en comercio en el estudio Bryan Cave de Washington.
Amenaza “excepcional”
Los derechos aduaneros individuales contra empresas, como los que Trump amenaza con imponer contra General Motors o Toyota, son más difíciles de justificar legalmente.
El artículo 14 de la Constitución garantiza la igual protección de la ley, algo que sería contrariado si se aplican sanciones individuales.
Según Burns, Trump podría invocar una ley de urgencia de 1977 que permite tomar medidas temporarias en caso de amenaza “excepcional” para la economía, y sin demasiado riesgo de que ello sea apelado ante los tribunales.
“Generalmente, si tratas de impugnar una acción presidencial tomada en el marco de esta ley, el presidente responde que lo hace en ejercicio de sus competencias en materia de relaciones internacionales y los tribunales suelen darle la razón”, asegura el abogado.
Trump podría usar una vía más sutil: imponer derechos aduaneros sobre las partes sueltas específicas que utiliza la empresa, en particular en el sector automovilístico, y no sobre la compañía en sí misma.
“Podría designar piezas características que la empresa importa, como el chasis de cierto tamaño o un tipo de motor particular”, concluye Hufbauer, ahora vinculado al centro de reflexión del Instituto Peterson en Washington.
Fuente: AFP
