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Aclaran amparo no detiene proceso contra empresas
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SANTO DOMINGO. El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, afirmó ayer que el recurso de amparo interpuesto por Metales Antillanos contra la resolución 13-2016, que prohíbe el desguace de barcos en los Ríos Ozama e Isabela, no frena el proceso iniciado por esa cartera y advirtió que continuarán con el programa que incluye desde multas hasta acciones penales.
Entrevistado por Diario Libre, el funcionario informó que recibieron la notificación del recurso de amparo, y dijo estar consciente de la resistencia de algunas de las empresas para cumplir, pero que Medio Ambiente hará cuanto esté a su alcance para hacer obedecer la resolución.
Les recordó a las desguazadoras, a las empresas reparadoras de barcos y demás que no fue renovado el permiso de operación y que por ende están al margen de la ley.
Manifestó que en total son 241 las empresas e instituciones que fueron notificadas por verter desechos a los ríos Ozama e Isabela.
“Ahora vamos a seguir todo el proceso del cronograma, vamos a ir planeando, que va a ser gradual, desde multa, acciones penales, hasta llegar a los extremos, pero lo que no puede haber es barcos, no puede haber desguazaderos, no puede haber reparación, metaleras, tantos óxidos, químicos y pinturas que afecten la naturaleza, eso no es posible”, sostuvo.
Reveló que dos empresas están cumpliendo con lo establecido en la resolución como son Astillero Hermanos Benítez o Legus Enterprise y el dique San Juan, pero otras dos metaleras no, por lo que se va a cumplir con los plazos. ” Vamos a continuar durante las semanas tomando medidas para que se cumpla con la resolución”, afirmó.
De su lado, la empresa Metales Antillanos, luego de reiterar que no produce desechos que contaminen el río, y que más bien recoge los bienes que han agotado su vida útil tales como maquinarias, buques y recortes de plantas industriales, que son tratados con gestores ambientales debidamente certificados por Medio Ambiente.
“Mantenemos aún la firme esperanza de que las autoridades reflexionen y abran un proceso de dialogo racional, coherente y sincero para la aplicación de las normativas medioambientales, de las cuales somos respetuosos, pero que a la misma vez preserve equitativamente la seguridad jurídica, el clima de negocios y, sobre todo, la integridad de nuestros compañeros de trabajo que han dedicado gran parte de su vida a construir, junto a nuestra familia, una empresa honesta que cumple cabalmente su compromiso con el país”, sostuvo.
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