DICEN PUNTO COM
La Fundación Transparencia y Democracia, Inc., califico la venta de los predios donde fue erigido el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, como una vulgar estafa y demando del Congreso Nacional iniciar inmediatamente una investigación sobre la venta a escondidas de dichos predios, en la pírrica suma de 80 millones de pesos a la empresa Fernández Paraché y Asociados “Infepa”, a los fines de que sea declarada como inconstitucional, en vista de que en primera instancia dichos terrenos debieron ser ofertados a los ocupantes que tienen hasta 2 y 3 decenios residiendo el lugar, por lo que, el Estado debió tutelar el derecho a la vivienda que tienen los moradores del lugar, ya que es un derecho fundamental.
El presidente de Transparencia y Democracia, Licdo. Cesar Ml. Matos, dijo que las Cámaras Legislativas en su función de representantes de los munícipes deben alegar la afectación de los mismos y declarar la inconstitucionalidad del referido contrato que fue suscrito clandestinamente en el año 2010 y hecho público ahora, 6 años después, ya que en la referida venta hubo inobservancia de las disposiciones establecidas en el literal k, del Art. 93 de la Constitución de la Republica.
Matos Díaz, califico como una “puñalada trapera y vulgar estafa”, la venta del sector Los 3 Brazos a espaldas de los lugareños, indicando que este pueblo no tiene dolientes, ya que mientras CORDE le vendió el metro cuadrados a “Infepa”, a 87 pesos con 95 centavos, la empresa le está vendiendo a los residentes a 2 mil quinientos pesos, al tiempo que expreso que los residentes de Los 3 Brazos, pueden contar voluntariamente con el equipo de abogados de la fundación para defenderlos de esos “chupa sangre”.
Al concluir, el presidente de la Fundación Transparencia y Democracia, externo que la VULGAR ESTAFA que se fraguo gracias al contubernio de CORDE y empresarios del sector privado, les brinda a los legisladores dominicanos la oportunidad de colocarse del lado de los más sagrados intereses de la nación, declarando nulo de toda nulidad el contrato que califico de oneroso e inconstitucional, demandando también que el director general de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales sea judicializado y responda ante los Tribunales de la Republica, ya que ese contrato de “marras” es una disfraz perfecto de la prevaricación que hay en su trasfondo.
