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Guatemala, 10 oct (EFE).- El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina logró hoy que, por falta de abogados, el juez Miguel Ángel Gálvez suspendiera la audiencia de etapa intermedia en la que se decidirá si va o no a juicio oral y público por corrupción contra él y otros 31 miembros de la red denominada como “La Línea”.
Pérez Molina dijo en el inicio de la audiencia que no contaba con ninguno de sus defensores y solicitó al juez suspender la diligencia judicial.
“No tengo defensa técnica y pido, señor juez, que se suspenda la audiencia hasta que mis abogados estén disponible”, explicó el exmandatario guatemalteco.
En ese sentido, Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, comentó que es “entendible” la petición por cuanto el expresidente debe estar con sus abogados de confianza y suspendió la audiencia.
El juez explicó que los defensores de Pérez Molina, entre ellos César Calderón, están en otro proceso, también de etapa intermedia, el cual se llevará entre 15 y 20 días.
Gálvez explicó que no podía fijar una nueva fecha para la etapa intermedia del caso “La Línea” hasta ver cómo marcha el otro proceso en el que se encuentran los abogados del expresidente.
“Se aceptan las excusas del abogado Calderón y lo prudente es suspender la audiencia”, remarcó.
Pérez Molina está acusado de ser uno de los cabecillas de la trama de corrupción “La Línea” y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), le imputan los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
Los mismos cargos enfrenta la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, que también se quedó sin abogado, tras la renuncia de Benjamín Estrada.
La red fue desarticulada el 16 abril del año pasado, y entre los 32 detenidos, además de Pérez Molina y Baldetti, figuran exfuncionarios y particulares.
La etapa intermedia es, de acuerdo con la leyes guatemaltecas, en la que el juez, en base a las pruebas acusatorias y de descargo, deberá decidir si los imputados van o no a un juicio oral y público.
La defraudación en las aduanas, de acuerdo con investigaciones de la Cicig, le habría generado millonarias ganancias a los integrantes de la estructura criminal. EFE
