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Santo Domingo .- En todos los países las empresas calculan sus costos y sus márgenes de ganancia para determinar, dependiendo del mercado, el precio de venta de sus artículos o servicios. Pero en República Dominicana, el negocio de la distribución de electricidad es la excepción.
Desde la promulgación de la Ley General de Electricidad, en junio de 2001, hace más de 15 años, las empresas distribuidoras no han aplicado una tarifa por kilovatios hora que incluya sus costos de compra de energía, de distribución y de comercialización. Hasta la fecha y desde su creación, el precio de venta del kilovatio hora al cliente final ha sido inferior a los costos.
Esto es así, a pesar de que la misma Ley de Electricidad establece en su artículo 111 que la tarifa a la que las distribuidoras deberán vender la electricidad a los usuarios finales deberá ser fijada por la Superintendencia de Electricidad (SIE) y que estará compuesta por “el costo de suministro de electricidad a las empresas distribuidoras, establecido competitivamente, referido a los puntos de conexión con las instalaciones, más el valor agregado por concepto de costos de distribución, adicionándolos a través de fórmulas tarifarias que representen una combinación de dichos valores”.
Sin embargo, desde 2001 la SIE mantiene una “tarifa aplicada” consistentemente por debajo de las tarifas técnicas e indexadas, destaca el informe “El futuro del sector eléctrico en República Dominicana”, elaborado por Economist Intelligence Unit, por encargo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. En 2012, por ejemplo, la tarifa aplicada estaba por debajo en un 47% de la indexada por los costos de los combustibles.
Sistemáticamente esa brecha ha sido cubierta por elevadas transferencias corrientes en forma de subsidios a las empresas distribuidoras desde el pre-
supuesto público, y por un subsidio cruzado, que pagan los que consumen más de 700 kilovatios horas, y que beneficia a lo que consumen menos de esa cantidad. Según el informe de The Economist, en 2013 esos subsidios ascendieron a US$1.27 mil millones, equivalente a cerca del 2% del PIB.
En la medida que se elevaban los precios internacionales de combustibles, las partidas incluidas en el presupuesto público resultaban insuficientes para cubrir los subsidios, y se acumulaban elevadas deudas con las empresas de generación eléctrica. “Hubo al menos un presupuesto suplementario en cada año entre el 2009 y el 2012, aumento de gastos para el sector, entre otras necesidades extras”, afirma el estudio.
En agosto de 2015 esa deuda ascendió 873.3 millones de dólares, y según Rubén Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), generaba intereses de hasta 32% anual.
Fuente: Diario Libre
