DICEN PUNTO COM
La Procuraduría General de la República y el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) anunciaron la implementación de un plan, que contempla intercambio de información y cooperación para el acceso a la justicia de personas vulnerables, teniendo como prioridad los jóvenes, trabajadoras sexuales y las víctimas de abusos policiales y ejecuciones extrajudiciales.
El plan será desarrollado en el marco de un convenio de cooperación firmado entre el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y el director ejecutivo del COIN, Santo Rosario, en el que también participó la fiscal titular de los Derechos Humanos, Danissa Cruz.
Durante la firma del acuerdo, que además contempla programas de capacitación para fiscales, se informó que como parte de las acciones igualmente se tomará en cuenta como prioridad la discriminación en todas sus formas a poblaciones LGBT, usuarios de drogas y a poblaciones con VIH-SIDA, así como en los casos de trata y tráfico de personas, violencia basada en género, migrantes y personas con discapacidad.
El Ministerio Público apoyará y promoverá la iniciativa del Observatorio de Derechos Humanos de Grupos Vulnerabilizados, nombrando un enlace que participe permanentemente en las actividades que sean organizadas por ese organismo, participará en las reuniones periódicas con los grupos de trabajo que este organice y cumplirá con los protocolos elaborados para la documentación correcta de los casos de violaciones de derechos humanos.
Además, facilitará el proceso de seguimiento, monitoreo y apoyo técnico en el tema de derechos humanos conjuntamente con el COIN.
En tanto que el Centro de Orientación se comprometió a facilitar el acceso a su cartera de servicios, que incluye servicios clínicos, así como de educación e información, mercadeo social e investigación social. Igualmente proveerá capacitación, asistencia técnica y materiales de manera periódica y tendrá como funciones referir los casos a terceras instituciones que puedan prestar los servicios que estos requieran.
Asimismo, convocará de manera periódica los grupos de trabajo para el intercambio y el análisis de las informaciones generadas para el diseño de estrategias y campañas, y la elaboración de los documentos técnicos-políticos del Observatorio.
En coordinación con la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, diseñará y ejecutará un plan de trabajo en las citadas áreas que han sido definidas como prioritarias dentro programa.
Los órganos de ejecución del Ministerio Público que tendrán un rol de ejecución en el presente acuerdo será el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados y la referida Unidad Derechos Humanos.
El convenio tendrá una vigencia de un año y fue firmado en la Procuraduría General de la República.
