DICEN PUNTO COM
Exto completo de la ponencia presentada por el presidente del PRSC, ingeniero Federico Antún Batlle en el “Foro de la Sociedad Civil por la Justicia y la Seguridad” organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Participación Ciudadana, Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), Centro Bonó, entre otras organizaciones.
Distinguidos participantes, Señores organizadores:
Agradezco, en mi nombre y en el del Partido Reformista Social Cristiano, la invitación para participar en este encuentro donde se propugna por mejorar el sistema de justicia y propiciar un clima de paz y seguridad en la República Dominicana. La población percibe una crisis en el Poder Judicial, y más aún, fallas en el sistema de justicia vigente en nuestro país. Y nos preguntamos: ¿Qué genera esta apreciación en nuestros ciudadanos?
Algunas autoridades han señalado que no hay crisis y que sólo se trata de una simple percepción. Creo que están equivocados; porque ciertamente nuestros conciudadanos no se sienten protegidos producto de la falta de credibilidad que permea algunos estamentos del Poder Judicial, pues en muchas ocasiones, con sus decisiones, se vincula a prácticas no santas. Esta Realidad se refleja en todas las encuestas que periódicamente se utilizan para medir la opinión que tienen algunos sectores sobre nuestras instituciones públicas y privadas.
Nuestro Partido entiende que el sistema de justicia dominicano está cruzado transversalmente por:
Una falta de confianza en algunas jurisdicciones del Poder Judicial.
Una notable influencia del crimen organizado en las decisiones de los tribunales ordinarios.
Un incremento de la criminalidad y la violencia intrafamiliar, producto de la connivencia, el cohecho, la impunidad y la complicidad de los actores del sistema judicial con los violadores de la Ley.
Grandes desigualdades y exclusiones económicas, sociales, laborales y falta de oportunidades, provocando que importantes sectores de nuestra población vean como único mecanismo de ascenso social, el crimen y la delincuencia. Esta situación se multiplica y aumenta en la medida en que los infractores perciben que pueden cometer crímenes y delitos y no seran sancionados de manera apropiada.
Inseguridad ciudadana devenida de las deficiencias en la prevención policial frente a la delincuencia común y la violencia.
Falta de persecución, juzgamiento y condena efectiva de funcionarios, militares y policías, por crímenes de peculado, cohecho y todas las modalidades de corrupción administrativa.
Inexistencia de una política gubernamental que fomente la creación de empleos para la juventud, que no posee las facilidades para la capacitación y entrenamiento adecuado y así, de esta manera, poder integrarse a los sectores productivos.
Nuestra organización política entiende que parte de esa problemática tiene su origen en la reforma constitucional del 2010 mediante la cual fue creado el Consejo de la Magistratura, órgano cuya conformación está influenciada por el poder político, a lo que se le adiciona el hecho de que, independientemente de los aspectos positivos del Código Procesal Penal, existe en la población la convicción generalizada de que sus disposiciones incentivan la comisión de actos delictivos que laceran a la sociedad, y, de manera especial a muchos hogares y familias que hoy pasan por el triple dolor : de una pérdida física; del deterioro de las facultades de un ser querido; la falta de sanción adecuada de los victimarios, además de la impunidad que incentiva la reincidencia de dichos infractores de la ley.
Por todos esos elementos nuestra organización política considera que la forma de resolver, este y cada uno de estos problemas que generan la crisis del Poder Judicial y el incremento de la inseguridad ciudadana, tiene soluciones distintas. Entre las principales que deben implementarse están:
Cambiar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, modificando el artículo 178 de la Constitución para excluir al Procurador General de la República, quien no debió formar parte de este órgano, pues su participación se hace a través del Presidente de la República.
Modificar el artículo 153 literal 4 de la Constitución de la República para que los Jueces de la Suprema Corte de Justicia sean todos jueces de carrera con más de doce (12) años de experiencia como jueces.
Revisión profunda del Código Procesal Penal.
Aprobación del Código Penal que incrementa las penas y tipifica algunos delitos, así como modificar otras leyes adjetivas, sin violentar la Constitución y los derechos fundamentales del ciudadano.
Introducir una revisión profunda del Código de Procedimiento Civil, a fin de ser sometido a modificación, que desincentive la comisión de delitos y fomente los programas de reeducación y reinserción de jóvenes en conflicto con la ley.
Ampliar el plazo de la prisión preventiva; la duración del proceso penal; incrementar las sanciones penales; liberar a la víctima de la obligación de asistir a todas las etapas del proceso penal, y eliminar los tecnicismos procesales que permiten eximir de responsabilidad penal a los imputados.
Mejora sustancial de los salarios, incentivos, seguridad social, equipos y tecnologías, a los miembros de la Policía Nacional, para una mejor y efectiva participación en su labor de defensor de la seguridad ciudadana; así como a los miembros de las Fuerzas Armadas y otros órganos de seguridad del Estado. Al mismo tiempo, capacitar y entrenar técnicamente a dichos miembros de manera tal que les permita cumplir con su rol de enfrentar la delincuencia en sus distintas vertientes.
Reducir la burocracia, eliminar instituciones gubernamentales paralelas con los mismos objetivos y el excesivo nombramiento de personas sin funciones en instituciones encargadas de perseguir y administrar la justicia.
Creación masiva de nuevos empleos, básicamente para jóvenes y mujeres, evitando así que caigan en el narcotráfico, la delincuencia o la prostitución.
Creación de un programa de formación en valores éticos y cristianos que fomente la vida y que rechace la violencia en cualquiera de sus formas ya sea intrafamiliar o contra la mujer.
Incentivar las prácticas deportivas, incrementar los espacios de libre esparcimiento, crear escuelas de formación técnico profesionales, clubes culturales y demás.
Distinguidas señoras y señores, el PRSC apoya firmemente la formación de una coalición de fuerzas sociales para reclamar al Gobierno diseñar e implementar planes y acciones concretas que recuperen la credibilidad del sistema de justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional y los demás órganos que forman parte de este sistema en la Republica Dominicana.
Como fuerza política con representación en el Congreso Nacional, nos comprometemos a apoyar las iniciativas legislativas que sean necesarias para el logro de estas metas. Pero es importante señalar que sin una voluntad firme y sincera del Poder Ejecutivo, éste esfuerzo puede caer al vacío.
Muchas gracias,
Federico Antún Batlle
Presidente Partido Reformista Social Cristiano
