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Santo Domingo.- El ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, dijo hoy que no fue citado a la audiencia que se le sigue a una mujer acusada de estafar a esa cartera, pero aseguró que no tiene problemas en comparecer ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conoce el caso. “Nosotros lo que queremos es que la mafia que está detrás de esta falsificación de títulos sea puesta en evidencia y sea castigada con todo el peso de la ley”, dijo el funcionario a la prensa.
Explicó que cuando el Juzgado de Instrucción envió a juicio a la imputada Reyna Margarita Núñez Infante, dentro de las pruebas que aportó no se aceptaron pruebas testimoniales.
Dijo que nunca le fue notificada una supuesta corrección al auto que ordenó apertura de juicio, y que en el día de hoy los abogados del Ministerio de Educación están en el tribunal.
“Nosotros nunca fuimos citados para comparecer por ante el Juzgado de Instrucción, aunque la parte que defiende a la imputada trató de hacerlo, pero siempre el juez lo rechazó”, sostuvo Amarante Baret entrevistado por los periodistas de Santiago tras dejar iniciada este viernes en esta ciudad la quinta jornada nacional de eliminación de los criaderos del mosquito productor del dengue, el zika y la chikunguña.
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió el miércoles una orden de conducencia en contra de Amarante Baret, después de que el funcionario no se presentara, como testigo, a una audiencia a la que estaba convocado en el marco del juicio que se le sigue a una mujer acusada de estafar a esa cartera.
La orden fue dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, y se extiende, además, a otros empleados de Educación, entre ellos, la consultora jurídica Teresita Bencosme.
El grupo estaba convocado a declarar, en calidad de testigo, en el juicio de fondo que se sigue a Reyna Margarita Núñez Infante, acusada de estafar al Ministerio de Educación con más de 47 millones de pesos.
En un principio la investigación se desarrolló en contra de Núñez Infante y su esposo, Ramón Benito Ramírez, quedando extinguida la acción en contra de éste último debido a que falleció el pasado año. La pareja fue denunciada por el Ministerio de Educación ante la Procuraduría General de la República, por una supuesta estafa en la compra de un inmueble por valor de 47,452,500 millones pesos por parte de los imputados.
Durante el proceso de investigación de este caso se ha logrado recuperar una buena parte de los activos adquiridos por la imputada, que habían sido invertidos en materia inmobiliaria y guardados en cuentas bancarias, las cuales fueron inmovilizadas. EFE
