DICEN PUNTO COM
La principal organización empresarial señaló que a pesar de innúmeras gestiones con el liderazgo político y varios comunicados públicos, emitidos no sólo por el CONEP, sino por diversas organizaciones de la sociedad civil, estas legislaciones lamentablemente no fueron aprobadas.
El CONEP afirmó que como resultado, pudimos observar la dificultad de los partidos políticos de realizar procesos internos organizados y participativos para la elección de sus candidatos, los cuales tuvieron que elegirse en la mayoría de los casos por métodos no democráticos. De igual forma, se presentaron preocupantes dificultades y debilidades durante el proceso electoral en sí mismo, así como en la capacidad de respuesta operativa por parte de los organismos de administrar y arbitrar dicho proceso.
“La campaña electoral careció de una regulación efectiva que garantizara equidad y transparencia en el acceso a financiamiento público y privado, la publicidad en los medios de comunicación y otros métodos de propaganda, lo cual, sumado al alto costo de las mismas afectó sensiblemente la capacidad de muchos ciudadanos de participar en el proceso. La situación descrita hace que las campañas sean excluyentes y que se abran las puertas a dineros de dudosa procedencia, lo cual termina atentando contra la democracia y la institucionalidad”, señaló el gremio.
Para la organización los lamentables acontecimientos y disturbios de los que ha sido testigo el país en los últimos días, son una muestra del desgaste y poca efectividad del ordenamiento legal e institucional que rige la vida de los partidos políticos y los procesos electorales. “Por esta razón, desde el seno de nuestra organización acogemos y respaldamos las recomendaciones de la Misión de Observadores de la OEA, entre las cuales se destaca la urgente realización de una reforma estructural profunda del marco legal que rige el proceso electoral”.
En este contexto el CONEP reiteró su llamado a los partidos políticos y al Congreso Nacional para facilitar la aprobación inmediata de una nueva Ley Electoral y una Ley de Partidos Políticos en las versiones elaboradas por la Junta Central Electoral y complementadas por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
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