WASHINGTON. Estados Unidos trató reiteradamente de deportar a Jean Jacques, un inmigrante haitiano que vivía ilegalmente en el país y con un historial delictivo, pero Haití no lo aceptaba, luego de que cumpliese más de una década en prisión por intento de asesinato y cometiese varias violaciones de su libertad condicional.
Cada vez que Jacques era arrestado por una violación de su libertad condicional, cumplía sentencia en un penal estatal y después era entregado a las autoridades de inmigración. Al menos tres veces Haití se negó a aceptarle, por lo que funcionarios de inmigración hicieron en el 2015 lo que hacen miles de veces cada año: excarcelaron a un inmigrante criminal violento.
Seis meses más tarde, Jacques asesinó a Casey Chadwick, una joven de Norwich, Connecticut. Fue condenado por asesinato en abril y se le dictará sentencia este mes.
Jacques es un ejemplo típico del tipo de inmigrante no autorizado que el gobierno de Barack Obama dice debe ser repatriado.
Pero una cosa es decirlo y otra hacerlo.
La excarcelación de Jacques y las de más de 19.700 inmigrantes criminales convictos en el año fiscal 2015 revela otra complicación en el sistema de inmigración del país. Combinadas, esas personas han sido condenadas por centenares de miles de delitos, incluyendo asesinatos y violaciones.
Esos casos muestran además lo difícil que puede ser implementar las propuestas de algunos políticos, incluyendo al precandidato presidencial republicano Donald Trump, de que las autoridades de inmigración simplemente tienen que encontrar y deportar a los cerca de 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país.
La directora del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Sarah Saldaña, le dijo al Congreso recientemente que los agentes con frecuencia no tienen otra opción que dejar en libertad a los inmigrantes.
Saldaña dijo que su agencia está limitada por un complejo sistema de leyes y reglas de inmigración que gobiernan cuáles inmigrantes deben ser detenidos y cuáles pueden ser dejados en libertad mientras esperan una audiencia para decidir sus casos. Y a eso se añade un retraso de años de casi medio millón de casos, y algunos inmigrantes delincuentes pudieran estar en libertad en los Estados Unidos durante años antes de que se ordenen sus deportaciones.
Chester Fairlie, abogado de la familia Chadwick, dijo que inmigrantes criminales como Jacques deben seguir en prisión. Y que el gobierno podría presionar a otros gobiernos para que acepten a sus ciudadanos repatriados, incluso, dijo, recortando paquetes de ayuda y reduciendo el número de visas disponibles para que sus ciudadanos vengan a los Estados Unidos.
“Me parece que nuestro Departamento de Estado debería tener suficiente palanca para decirles: ‘Ustedes no pueden negarse arbitrariamente a aceptar a estas personas’’’, dijo Fairlie.