El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, manifestó que la política de fomento a la exploración y explotación de hidrocarburos se centrará en la licitación de los bloques petroleros.
Asimismo a la pre-elaboración de los contratos previo a las concesiones, documentos que estarán a disposición de la ciudadanía.
Se acabó eso de estar concesionando el país a la brigandina
“Se acabó eso de estar concesionando el país a la brigandina, bajo la discrecionalidad de los funcionarios, cosas que se prestan en todo momento a la corrupción y a otras malas prácticas”, indicó.
Primera Base Nacional de Hidrocarburos
Isa Conde se expresó en esos términos al presentar la primera Base Nacional de Datos de Hidrocarburos, una plataforma con valiosas informaciones que permitirán desarrollar la industria de la prospección y explotación de petróleo y gas natural en República Dominicana.
Por primera vez en la historia
El ministro de Energía y Minas destacó además, que por primera vez en la historia, el país cuenta con un Reglamento de Exploración y Explotación de Hidrocarburos moderno, pues antes el sector se regía con la ley de Minería, que data de 1971.
Instrumentos para trabajar con transparencia
Con el Reglamento, publicado recientemente por el Poder Ejecutivo, una resolución del Ministerio de Energía y Minas para regular la realización de estudios geológicos y geofísicos, y la base de datos, “tenemos los instrumentos en las manos para poder fomentar la actividad extractiva en materia de hidrocarburos y para hacerlo de manera transparente y ética”.
Por ese compromiso con la transparencia en el sector, se logró en febrero pasado la admisión de República Dominicana como País Candidato a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, un estándar internacional de esquema tripartito (Gobierno, Empresa y Sociedad Civil).
Este esquema exige la rendición de cuentas a los gobiernos sobre contratos, producción, ingresos y gastos generados por las actividades extractivas. La proyección es que República Dominicana sea País Cumplidor a mediados de 2017, pues el plazo para completar los informes es de 18 meses.