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BRASILIA.- El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, que representa a la presidenta Dilma Rousseff, insistió hoy en que el proceso de juicio político con miras a la destitución de la mandataria, que ya entra en sus tramos finales, “está viciado en origen” y por tanto “es nulo”.
Cardozo presentó los alegatos de Rousseff ante una comisión del Senado que analiza el proceso y que, en caso de apoyar la apertura de un juicio político, le pasará la palabra al pleno de esa Cámara, que tomará la decisión definitiva dentro de unas dos semanas.
El abogado general reiteró las críticas al proceso que ya había formulado ante la Cámara de Diputados, que las descartó por completo y por una amplia mayoría decidió remitir la causa al Senado.
Según Cardozo, hay una “nulidad de origen” que comienza en el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien la Constitución le reserva la potestad de iniciar el proceso contra un mandatario, actuó por “venganza” al aceptar las denuncias.
Cunha, adversario de la mandataria y acusado de corrupción, dio curso al trámite cuando el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) apoyó la apertura de un juicio en su contra, sostuvo Cardozo, quien atribuyó a eso la conducta del jefe de los Diputados.
“Es un claro desvío de poder que anula el proceso desde su propio inicio” y lo convierte en un “golpe”, dijo Cardozo, pese a que el trámite para un posible juicio político está en su fase final.
También subrayó que tanto los diputados en su momento, como ahora los senadores, en muchos casos anticiparon su posición, lo que consideró como otra “violación del proceso legal”, pues “un juez tiene vedado pronunciarse sobre un caso antes del juicio”.
Cardozo apuntó nuevas causas que, a su juicio, llevan a “anular” el trámite y entre ellas citó que el instructor de la comisión del Senado que analiza el caso, Antonio Anastasia, pertenece al opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al igual que uno de los firmantes de la denuncia.
“El PSDB presenta la denuncia y el PSDB actúa como instructor en el mismo proceso”, lo que “hiere las garantías de la debida defensa” y debe llevar a una “inmediata suspensión”, manifestó el abogado general.
En defensa de Rousseff también prestaron testimonio los ministros de Hacienda, Nelson Barbosa, y de Agricultura, Katia Abreu, quienes presentaron argumentos técnicos para contestar la acusación, que se apoya en unas maniobras fiscales irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 y permitieron “maquillar” sus resultados.
Según la acusación, esas maniobras modificaron los presupuestos mediante decretos y permitieron acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe y sin que eso fuera reflejado en los balances del Gobierno.
Barbosa, frente a esa opinión, reiteró que esos manejos contables fueron hechos dentro del más “estricto marco legal” y que muchos de ellos ni eran responsabilidad directa de la presidenta, sino de los miembros de su equipo económico.
La comisión del Senado que analiza ahora el caso tiene previsto elaborar un informe que será votado el próximo 6 de mayo.
Si el informe recomienda la apertura del juicio político y es aprobado por más de la mitad de los 21 miembros de la comisión, la palabra pasará al pleno del Senado, que alrededor del 10 de mayo se pronunciará sobre el asunto.
En caso de que una mayoría simple entre los 81 senadores apruebe la instauración del proceso, Rousseff deberá separarse del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio político y su lugar sería ocupado en forma interina por el vicepresidente Michel Temer.
Si Rousseff finalmente fuera destituida, Temer deberá completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
