DICEN PUNTO COM
GUATEMALA. El abogado del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, en prisión preventiva por el caso de corrupción aduanera “La Línea” que le obligó a renunciar en 2015, censuró hoy la “exposición mediática” a la que el mandatario es sometido y que se traduce en un “linchamiento” por parte de la opinión pública.
Cuando se cumple un año del destape de una de las mayores estructuras de corrupción estatal, que provocó la caída del Gobierno de Pérez Molina, el caso sigue enfangado en la burocracia procesal y todavía no se ha decidido si los acusados son enjuiciados o no.
El pasado 28 de marzo, el juez Miguel Ángel Gálvez decidió suspender sin fecha la audiencia de “etapa intermedia” en la que se decidirá si se va o no a juicio, una decisión que el propio Pérez Molina criticó al entender que solo beneficia a la Fiscalía porque le da tiempo para “armar un caso” en su contra con “testigos protegidos” cuyos testimonios calificó de “falsos”.
“El sistema no responde a la velocidad” que la ley establece, reiteró hoy su abogado, Moisés Galindo, en declaraciones a Efe, tras recordar que “en Guatemala no hay casualidades”.
El letrado criticó la actuación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en este proceso, a los que responsabiliza de haber creado un “estigma” sobre el exmandatario en la sociedad que pone en riesgo las garantías de un proceso judicial de marcados tintes “políticos”.
“El Estado no se puede convertir en criminal para combatir la criminalidad”, subrayó.
Pérez Molina está acusado por la Fiscalía y la Cicig de ser el líder de la trama de corrupción aduanera “La Línea” junto a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que ayudados por una treintena de personas defraudaron millones de dólares al Estado.
Este viernes, ambos exmandatarios fueron acusados de liderar otra estructura delictiva que tenía como objetivo lucrarse y blanquear dinero a través de la construcción y gestión de la ampliación de Puerto Quetzal, la mayor terminal marítima del país centroamericano.
Entre enero de 2012 y abril de 2015, la trama realizó los nombramientos y gestiones necesarias para asegurar la firma del contrato a cambio de una “comisión” de 24,5 millones de dólares, de los cuales supuestamente 12 millones llegaron a manos de los acusados.
Sobre esta nueva acusación, el abogado de Pérez Molina prefirió no pronunciarse hasta conocer el próximo martes en la audiencia de primera declaración de los cargos que se le imputan.
