DICEN PUNTO COM
SANTO DOMINGO. Los cinco venezolanos detenidos en La Romana acusados de traer al país 359 kilogramos de cocaína por el aeropuerto de esa ciudad, eran buscados por la Policía Internacional (Interpol), por los cargos de narcotráfico y asociación para delinquir, en su natal Venezuela.
Jean Carlos Díaz Polanco, de 32 años; Carlos Luis Justiniano Núñez, de 55 años; Jorge Luis Henríquez Villalba, de 43 años; Gerardo Antonio Díaz Barroso, de 37 años; y Gregory José Frías Ulbina, de 23 años, son buscados por la justicia de Venezuela para que cumplan una sentencia por las acusaciones de narcotráfico y asociación para delinquir.
Los cinco hombres fueron apresados el pasado Jueves Santo en un operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y el Ministerio Público. Cuatro de ellos trajeron la droga en una aeronave que salió de la ciudad venezolana de Barquisimeto, y un quinto fue apresado mientras se disponía a transportarlos en un vehículo.
Recusan juez
Los abogados del grupo recusaron ayer al juez del juzgado de la Instrucción, Ismael Nehemías Ramírez, a cargo de la revisión del fallo que otorgó libertad pura y simple a los extranjeros.
La defensa basó su recusación en el hecho de que Ramírez rechazó un recurso de oposición y aceptó la solicitud del Ministerio Público para que los imputados continúen bajo la custodia de la Policía Nacional. Ahora la Corte de Apelación de San Pedro debe decidir qué juez conoce el caso.
Los abogados que recusaron son Valentín Medrano y Dionicio Báez, representantes de Carlos Luis Justiniano Núñez, de 55 años; Jorge Henríquez, de 44 años; Gregory Frías, de 23 años; Gerardo Díaz, de 38 años, y Jean Carlos Díaz, de 35 años.
La audiencia se efectuó a puerta cerrada, pero se permitió el acceso de la prensa, aunque varios comunicadores y camarógrafos quedaron fuera cuando los agentes en su interior “sellaron”.
Los abogados solicitaron el aplazamiento de la audiencia alegando que les faltaba presupuestos para fortalecer su defensa y reunir los documentos que destruyen el peligro de fuga de sus clientes.
Esa petición no contó con el beneplácito de la Fiscalía, por lo que se solicitó al juez que en caso de aceptar el aplazamiento de la audiencia, determine que los acusados continúen bajo la tutela policial.
