DICEN PUNTO COM
La coordinadora del Almacén de Evidencias en la fiscalía de Bahoruco recogió, sin protección en las manos, un arma de fuego que, según dijo, se encontraba fuera del lugar donde debía estar. Al preguntarle si podía tocar una evidencia sin guantes en las manos, respondió: “No, lo que pase es que esa estaba ahí tirada, pero ya ese caso terminó y va en esa caja. Es de las que va a ser destruidas”.
Sin mayores preocupaciones, se balanceó unos segundos sobre su cuerpo, dio un paso al frente y colocó el arma en una de varias cajas que tienen en el pequeño almacén donde también se archivan los materiales administrativos de esa Fiscalía.
Mientras, el fiscal titular de la provincia, Esteban Cuevas Santana, resalta la pulcritud con que se guardan los evidencias materiales en la actualidad, contrario a como sucedía anteriormente, cuando las armas que eran medio de prueba se guardaban hasta en las gavetas del escritorio de algún fiscal, según dice.
Señala hacia un estante donde se observan varios objetos, como bultos en distintos tamaños, fundas negras, fundas de comidas para perros. Algunas se identifican con posticks adheridos o con hojas donde se describe el tipo de prueba y el caso al que corresponde.
La coordinadora del almacén, Argentina Reyes, indica que esas son evidencias de expedientes que todavía no han sido judicializados, tal vez, porque no se ha detenido a los responsables, y que, por el momento, deben permanecer tal como llegaron a la Fiscalía.
Entre una de las fundas se logra ver un pedazo de toalla, que la coordinadora presume se trata de un caso de violación.
En el sistema de registro que lleva Reyes, se cuentan 89 medios de pruebas archivados, de los que 39 corresponde a armas de fuego. Estas se guardan en una bóveda, al interior de unas cajas que le proporcionan desde la Procuraduría General de la República.
También figura una camioneta que reposa en el parqueo de la fiscalía, en la parte frontal del edificio, justa al lado de Palacio de Justicia provincial.
El fiscal Cuevas Santana detalla que para el archivo se tiene establecido un protocolo que incluye el registro de cada evidencia de manera individualizada, descripción del objeto, y anotaciones sobre cada una de las personas a las que se les entrega.
Dice que son celosos con las pruebas, por lo que solo la prestan el día del juicio para que los fiscales puedan presentarlas ante el juez, pero aclara, que tanto a los fiscales litigantes como a los abogados se les permite acudir al Almacén a observar la evidencia cuantas veces requieran, para que puedan argumentar bien su defensa en los tribunales.
Falta una policía científica
Pese a las medidas que tienen para resguardar las evidencias, el fiscal advierte como un escollo en la cadena de custodia, la falta de una policía científica en Neiba.
“Hemos tenido casos que se nos han caído por violación de las reglas o falta de una cadena de custodia efectiva. Es que no podemos hablar de cadena de custodia efectiva cuando no tenemos una policía científica preparada”.
Habla de falta de concienciación de parte de los policías en la zona. “Que uno pueda decir que acudió (La policía) y protegió la escena del crimen y que personas no penetraron… todavía no tenemos esa parte controlada”.
El fiscal narra un caso en que una persona hirió de un disparo a otra, en un hecho que hubo muchos testigos. Del lugar se levantaron como evidencia los casquillos y el arma de fuego, pero cuando se hizo el análisis balístico, ambas evidencias no dieron compatibles. Todavía el fiscal no se explica cómo pudo ocurrir tal discrepancia en un caso que parecía simple.
Aunque en otros estudios solicitados por la fiscalía el arma y los casquillos coincidieron, Cuevas Santana lo menciona como una muestra de cuando se rompe la cadena de custodia, y no es el único.
Entre abogados y jueces existe una buena valoración a la custodia que da el Ministerio Público a las pruebas, aunque tienen sus peros.
La juez del juzgado de Instrucción de Neiba, Lissette del Carmen Pérez Gell, afirma que ella admite la mayoría de las pruebas que le llegan, porque siempre son colectadas de manera lícita.
La jueza de primera instancia, Celina Novas Jiménez, de manera más sopesada, comenta que no han tenido casos de extravíos de evidencias. Pero menciona la exclusión de medios de prueba, sobre todo en los casos de drogas, donde se ha presentado inconvenientes con los agentes que levantan las actas, o porque la policía penetre en una propiedad sin orden de allanamiento.
“Se han dado casos que viene un agente y dice, ‘yo no fui que actué en ese caso, sino otra persona’; entonces se va cayendo el caso, porque esa persona que viene como testigo no tiene conocimiento, y además, el acta tampoco tiene valor probatorio, porque no se trata de la persona que lo levantó”, menciona la magistrada, aclarando que esas situaciones no son frecuentes, sino esporádicas.
Los abogados María Virginia Vásquez Pérez y Wander Jasmil Díaz, a su vez, sí tienen quejas por la forma en que se manejan las evidencias.
Díaz refiere el hecho de que los policías todavía crean que tienen la potestad legal para recoger las evidencias, y que actúen de manera olímpica en la escena de un hecho. “En muchos casos hay ambigüedades, a veces respecto a la hora de recolección de los medios de pruebas, con las fechas y con respecto a los oficiales actuantes en el levantamiento, que a veces dice el acta que actuó un oficial, pero la firma de esa persona no aparecen en el acta”.
Lo que más cuestiona Vásquez Pérez, de su lado, es que en los casos de droga, los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) sean los que lleven las sustancias al laboratorio para los fines de análisis. A su entender, eso da pie a que a que los agentes, que son los mismos que detienen, puedan adulterar el contenido de un material encontrado.
Ante esa situación, el fiscal reconoce una debilidad, pero responsabiliza al propio sistema de justicia que tiene establecido que la cadena de custodia pase a la DNCD para llevar las sustancias a los laboratorios.
