PANAMÁ. La defensa del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) sufrió hoy otro revés cuando la Corte Suprema de Justicia le rechazó un pedido de nulidad del proceso seguido al exgobernante por la compra de comida deshidratada, por 45 millones de dólares, supuestamente con sobrecostes, indicó una fuente judicial.
La audiencia, continuada hoy tras ser suspendida el miércoles pasado, se centró en la petición de uno de los abogados defensores, Sidney Sittón, de declarar la nulidad del caso aduciendo que el magistrado fiscal, Oydén Ortega, pidió a la Superintendencia de Bancos información de las cuentas bancarias de Martinelli sin “permiso” del magistrado de garantías, Jerónimo Mejía.
Mejía negó dicha petición y señaló que el fiscal puede desarrollar algunas de sus actuaciones sin el previo consentimiento del juez de garantías.
Además, resolvió que los incidentes de nulidad son improcedentes, en virtud de que los miembros del equipo del magistrado fiscal, señalados por la defensa, “no son autoridad de naturaleza judicial para solicitar estos comprobantes de los diferentes bancos”, por lo no podrían haberlo hecho, informó el Órgano Judicial (OJ).
A los bancos, según la defensa, supuestamente se giraron notas para conocer de cerca los manejos de fondos que contenían los 45 millones de dólares de la comida deshidratada provenientes del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El fiscal Ortega aclaró hoy que sus diligencias iban dirigidas a averiguar o investigar cuál había sido el destino último de las transacciones y no realizar ningún tipo de secuestro ni aprehensión de cuentas o papeles.
A Martinelli, que salió del país hace más de un año y que según sus abogados se encuentra en Miami (EE.UU.), se le vincula con la firma de un contrato con supuestos sobrecostes para la compra de comida deshidratada.
La compra, de 45 millones de dólares, se hizo a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), una agencia estatal ya extinta, foco de corruptelas durante la pasada Administración.
Uno de los exdirectores del PAN, Giacomo Tamburelli, que se encuentra bajo arresto domiciliario, fue quien apuntó a Martinelli en este caso.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá retomó el pasado 27 de enero, tras casi siete meses de suspensión, la investigación por la supuesta compra irregular autorizada por Martinelli.
El exgobernante es investigado en seis procesos distintos por el máximo tribunal panameño por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano.