DICEN PUNTO COM
RÍO DE JANEIRO. El opositor partido Demócratas (DEM) pidió ayer investigar a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por incurrir presuntamente en un delito al usar vehículos oficiales para viajar a Sao Paulo con el fin de expresar su apoyo al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, según fuentes legislativas.
La solicitud de indagar si hubo delito de “improbidad administrativa” se refiere al viaje que el pasado sábado realizó la mandataria, en el que se valió de vehículos oficiales, según señaló el DEM, con el fin de trasladarse a Sao Paulo para mostrar su apoyo a Lula, que el viernes pasado se convirtió en un nuevo blanco de la mayor investigación por corrupción en el país.
Rousseff empleó en su viaje a Sao Bernardo do Campo, municipio de la región metropolitana de Sao Paulo donde reside el exmandatario, tanto el avión presidencial como un helicóptero militar.
“Está claro que ella realmente abusó de sus prerrogativas. Teniendo constancia del crimen de improbidad, encaminaremos a la Cámara de los Diputados una denuncia por crimen de responsabilidad, tal y como está previsto en la Constitución brasileña”, declaró el líder del DEM en el Senado, Ronaldo Caiado, según la Agencia Brasil.
Caiado también criticó el hecho de que Rousseff visitara a su predecesor en condición de jefe de Estado, después de que Lula realizara declaraciones “vejatorias” contra la Justicia brasileña y atacara a la oposición, a la Policía Federal y a algunos medios de comunicación locales.
La solicitud hecha por el DEM a la Procuraduría General de la República también incluye al ministro de la Presidencia, Jaques Wagner, por motivos similares.
En una nota divulgada con anterioridad por el Gobierno, se justificaba el uso tanto del avión presidencial como del helicóptero por “imperativos de seguridad”.
Asimismo, el pasado viernes el DEM había anunciado que pediría una mayor celeridad a la Corte Suprema con relación a las aclaraciones que debe dar sobre cómo se tramitaría en el Congreso un posible juicio político contra Rousseff, que fue planteado el año pasado por unas maniobras contables que el Gobierno supuestamente hizo en 2014 y 2015 para maquillar sus resultados.
