SANTO DOMINGO. En septiembre pasado, los países que integran el Sistema de las Naciones Unidas se reunieron en París para definir unos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que llamaron Agenda 2030. La República Dominicana fue uno de esos países que se plantearon como meta el terminar con la pobreza extrema en los próximos 15 años y lograr la sostenibilidad de sus recursos naturales. Estos propósitos quedaron especificadas en 17 metas que recogen parte de aquellos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en los que, si bien se lograron avances significativos, los países no completaron.
En esta nueva carrera, el éxito en República Dominicana dependerá de que logre integrar a los sectores sociales, no solo en la identificación de las políticas prioritarias para alcanzar el desarrollo, sino también en su definición y ejecución. También de que los gobernantes puedan coordinar de manera efectiva las instituciones y terminar de definir el marco jurídico necesario para el fortalecimiento del sistema de gobernanza.
Estos son los grandes retos que identifican en el entorno nacional Luciana Mermet, representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y Angie Bergés, oficial de Gobernabilidad Democrática de ese organismo. “El país tomó el compromiso de integrar la agenda en su planificación nacional, y tenemos información de que el Ministerio de Economía está trabajando muy proactivo en adoptar mecanismos de integración en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso significa, ver cómo vincular a lo nacional con lo local, cómo se trabaja y se insertan en esa agenda”, comenta Mermet.
Estima necesario llegar a un pacto social alrededor de la Agenda 2030 que genere los mecanismos de seguimiento de parte de las sectoriales y herramientas de control o rendición de cuentas que permitan advertir cuáles aspectos tienen avances y cuáles se deben mejorar.
Bergés recalca, a su vez, lo fundamental del fortalecimiento institucional y para ello, indica, que hace falta que se termine de aprobar legislaciones pendientes, tales como la ley Electoral y la de Partidos Políticos que, dice, debieron refrendarse el año pasado.