DICEN PUNTO COM
Santo domingo. Entre el año 2009 y 2015 la Ley de Desarrollo Fronterizo ha significado un gasto de RD$12,432.7 millones al Estado dominicano, esto por concepto de los ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar concesiones tributarias que tienen como fin beneficiar las provincias de la zona fronteriza.
Sin embargo, según el balance realizado por el Observatorio Político Dominicano (ODP), “se quedan corto” los esfuerzos hechos para que la actividad económica de la zona se dinamice y para mejorar la calidad de vida de los que allí habitan .
Esas son las palabras de Greidyz Roa Chalas, investigador de la Unidad de Políticas Públicas del ODP y autor del escrito “Balance de la Ley de Desarrollo Fronterizo : entre el olvido y la necesidad de progreso”.
En pleno siglo XXI, el 64% de las casas en la frontera no tienen servicio de agua potable, 17% de los hogares en la zona no cuentan con acceso a servicio sanitario, 23% utilizan leña para cocinar y el 17% de las viviendas no tienen acceso a la energía eléctrica.
Estos datos fueron ofrecidos por la ODP en el panel “Balance y Perspectiva del Desarrollo Fronterizo en República Dominicana” realizado ayer en las instalaciones de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).
En el evento, Rafael Paz, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y panelista junto a Roa, ofreció la perspectiva del sector privado sobre esta problemática. En su alocución resaltó que la deficiencia principal de dicha ley es que carece de un plan de acción. “Sólo hay una ley, pero no hay un plan de desarrollo fronterizo”, expresó.
Además, señaló que debe organizarse un consejo que lleve a cabo acciones estratégicas en la frontera, y apuesta a que con estas medidas la zona puede convertirse en “un cordón económico con el que se podría no sólo repoblar la frontera con habitantes dominicanos, sino también que los vecinos haitianos no tendrían que cruzar de este lado en busca de riqueza”, concluyó.
Miguel Bejarán, director de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), coincidió con Paz, y agregó que la inversión privada también ha sido tímida a pesar de los instrumentos jurídicos creados para incrementar la inversión en la zona.
Las entidades participantes, entre ellas el CONEP, piden que se haga una revisión de esta ley, y que se incentive la capacitación técnica entre los habitantes de la zona para que puedan realizar actividades económicas productiva, además de la construcción de carreteras que comuniquen las comunidades fronterizas.
