DICEN PUNTO COM
Santo Domingo; Rep. Dom. .- Representantes del sector construcción afirmaron ayer que alrededor del 80% de las empresas constructoras a nivel nacional son objeto de demanda cada año, debido a las mafias de abogados que se valen de falsos empleados para pedir prestaciones laborales en los tribunales. Tanto Héctor Bretón, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi) y Cristian Ciccone, presidente de la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon) coincidieron en que el sector está teniendo pérdidas de cientos de millones de pesos, debido a la práctica de los abogados mafiosos, y que, incluso, muchas han tenido que cerrar temporalmente, a causa de la carga económica que suponen esas demandas.
Ambos reaccionaron a la denuncia que hiciera a este medio el abogado Elvis Durán, representante de una inmobiliaria, en el sentido de que una organización dirigida por un ciudadano haitiano, se confabula con abogados para reclutar a obreros e interponer demandas laborales. “Eso no es nuevo, y nosotros hemos denunciado ese tipo de mafias, que son oficinas de abogados bien identificados, y las autoridades saben bien quiénes son los que hacen ese trabajo”, manifestó Bretón, que asegura, se trata de abogados dominicanos y que, si hay haitianos, de seguro están vinculados a abogados dominicanos.
Sostuvo que muchas de las constructoras son demandadas hasta dos o tres veces en el año, y que casi siempre se trata de obreros que ni siquiera han pasado por las obras. También se dan caso de que una misma persona esté en dos demandas, hasta con la misma hora de trabajo en dos empresas. “Una empresa puede tener cada año entre dos y tres demandas, y cada demanda cuesta entre 100,000 y 150,000 pesos, sólo para defenderse, pero si el tribunal falla en su contra, son 500,000 o 600,000. Imagínese si es una empresa pequeña, no lo resiste”, enfatiza Bretón, para quien la situación con las mafias se da por las debilidades que –advierte- en el Código de Trabajo. Por tal motivo, plantea la necesidad de que esa legislación sea modificada.
Ciccone, a su vez, afirma que muchos de los miembros de Cadocon han tenido que cerrar de manera temporal por la presión económica que le supone la demanda, que califica de descabelladas e ilógicas. “Yo te podría decir que todas las empresas de Cadocon han sido demandadas, pero además del dinero, hay que medir el tiempo que se pasa en los tribunales, y los impedimentos legales que le suponen a uno”.
Ciccone insiste en que se debe buscar una solución al problema.
Fermín Acosta, pasado presidente de Acoprovi, en su condición de empresario del sector, se quejó de que, pese a las denuncias que han hecho desde hace años, las autoridades no dan respuestas contundentes para evitar que esas mafias continúen.
Trabajo no sabe:
Federico Gomera, director del Servicio Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo, al ser cuestionado sobre la existencia de las mafias, desligó al Ministerio, al señalar que ellos no tienen conocimiento. Explicó que tienen una jurisdicción distinta a los tribunales, y que el empleado es libre de actuar al margen del Ministerio. No obstante, indicó que menos del 5% de los casos que inspeccionan terminan en actas de infracción, porque los empleadores, en su mayoría, procuran cumplir con las disposiciones del Código Laboral.
Lo atribuyen a violación del Código laboral:
Pedro Julio Alcántara, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción (Fenticommc), reconoce la existencia de las mafias de abogados , pero aclara que los obreros que se prestan para esos. “Nosotros no hacemos demandas de ese tipo. Lo que aquí se da es asuntos de pagos que se resuelven sin llegar a una demanda, pero esos casos que denuncian es por culpa de los mismos empleadores, que con el apoyo del Ministerio de Trabajo, han violado todo el tiempo el Código, y contratan a gente ilegal para no pagar”. Alcántara también muestra reservas con las denuncias que se hacen de las mafias, pues consideran que son un pretexto de los empleadores para poner el debate sobre la modificación del Código de Trabajo.
Fuente: El Caribe
