DICEN PUNTO COM
SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía de la provincia Santo Domingo, solicitará medida de coerción contra el exdirector general del Material Bélico del Ministerio de Defensa, general Bienvenido Cordero Batista, y otros seis altos militares que, según el Ministerio Público, aprovechando sus puestos de trabajo en ese Ministerio, ingresaron al país, de manera irregular, 220 armas de fuego.
Una comunicación de prensa de la Procuraduría dice que desde el 2012 se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego, especialmente de marcas costosas, como la Glock y Sig Sauer, cuyo costo en el mercado es de trescientos mil pesos, a pesar de la veda existente para la importación de todo tipo de armas de fuego mediante decreto número 309-06.
“Luego de varios allanamientos, el MP (Ministerio Público) descubrió que siete militares eran los responsables de ingresar armas de manera ilícita al país, entre ellos: Bienvenido Cordero Batista, Félix Francisco Pérez Artilez, Esteban Marrero Ruiz, Francisco Mercedes Medrano, Edwin Rafael Almonte Camacho y José Miguel Torres Rodríguez, quienes desempeñaban funciones administrativas en el material bélico”, indica la acusación.
La mayoría de los acusados tienen más de veinte años en el Ministerio de Defensa, incluido Pedro Manuel Guzmán Escarramán, propietario de armería donde eran vendidas, según el reporte.
El general Bienvenido Cordero Batista fue puesto en retiro a final del pasado año por supuestamente estar vinculado en la red de tráfico de armas procedentes de Estados Unidos.
Material bélico
Bienvenido Cordero Batista era el general de brigada paracaidista de la Fuerza Aérea, director general del Material Bélico del Ministerio de Defensa, encargado supervisar todos los procedimientos y supuestamente apadrinarlos con su firma, mientras que Félix Francisco Pérez Artliez, teniente coronel del Ejército, encargado del Depósito de las Armas del Material Bélico, se ocupada de registrar todas las armas que entraban y salían de los depósitos destinados a estos fines.
Esteban Marrero Ruiz, mayor del Ejército, según las investigaciones, era el enlace entre la Intendencia del Material Bélico, y el Ministerio de Interior y Policía, al tramitar todas las ventas de armas de fuego de las diferentes armerías para la expedición de las licencias de porte y tenencia, mientras Francisco Mercedes Medrano, capitán del ERD, era el encargado de archivo y confección de las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia del Material Bélico.
En tanto que Edwin Rafael Almonte Camacho, primer teniente del ERD, asistente del director general de la Intendencia del Material Bélico, se alega era quien supervisaba al personal de trabajo y emitía las licencias verificando antes la documentación de importación. Asimismo, José Miguel Torres Rodríguez, primer teniente de la Policía Nacional, como encargado de las Armas de fuego de la Policía Nacional que están en la Intendencia del Material Bélico, concomitantemente redactaba tarjetas de entrada a las diferentes armas.
Otro de los implicados es Pedro Manuel Guzmán Escarramán, coronel del Ejército, propietario de Armería Inversiones Heptágono, entidad comercial que alegadamente se encargó de introducir al mercado todas las armas que se encontraban en los formularios alterados.
