DICEN PUNTO COM
SANTO DOMINGO. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), magistrado Milton Ray Guevara, destacó que los jueces del organismo han demostrado que no aceptan intimidaciones, presiones o imposiciones, y resaltó que los riesgos más graves a la independencia judicial no provienen necesariamente de los gobernantes ni de los sectores económicos conservadores.
Consideró que el orden constitucional enfrenta nuevos enemigos, que actúan de modo oculto y afectan este orden de forma indirecta y difusa, y reiteró que el poder jurisdiccional, en consecuencia, debe ser independiente, no solo de los poderes públicos, sino también de aquellos invisibles y de cualquier otro de índole privada, como los medios de comunicación, las iglesias, el empresariado, los partidos políticos o grupos de presión que pudieran entorpecer su labor.
Al pronunciar un discurso de Rendición de Cuentas por el Cuarto Aniversario del TC, estimó que el poder jurisdiccional no debe actuar al abrigo de presiones internas o externas de cualquier índole, sin desmedro de la crítica respetuosa y responsable de las decisiones jurisdiccionales, como un mecanismo legítimo de control ciudadano que coadyuva al fortalecimiento del poder jurisdiccional.
Declaró que la crítica, como medio legítimo de control social, debe estar dirigida a la labor del juez y no partir de presunciones infundadas en cuanto al origen de su investidura o imputaciones ficticias en cuanto a los motivos de sus actuaciones.
Manual de procedimiento
Adelantó que actualmente se trabaja en un manual de procedimientos para viabilizar la operatividad del TC, con lo cual esperan fortalecer los mecanismos institucionales que aseguren la efectiva ejecución de sus decisiones, precisando que en su ejecución no habrá “vacas sagradas”.
Advirtió que desde la instauración de las Altas Cortes un sector minoritario de la clase política, así como algunas organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales de gran presencia, supuestamente dedicadas a la promoción de los derechos humanos y el Estado de derecho, no han cesado de atacar ferozmente a las cabezas del poder jurisdiccional.
Sostuvo que se ha pretendido, incluso, imponer una especie de imperialismo cultural para forzar a la adopción de decisiones contrarias a los valores y principios prefigurados en la Constitución y que en lo relativo al TC, el año pasado se llegó al extremo de tejer “conjeturas infamantes” acerca de la decisión que se adoptó en relación a tres acciones directas de inconstitucionalidad incoadas contra el “nuevo Código Penal”.
Recordó que, sin esperar la publicación íntegra de los fundamentos de la decisión, se inició una campaña de descrédito contra la jurisdicción constitucional, atribuyéndole falsedades en cuanto a la fundamentación de la decisión que adversaban.
Indicó que le sorprendió que se pontificara y opinara de algo que no se conocía, pues era una manera muy poco profesional de hacer aportes al Estado de derecho y a la institucionalidad democrática y que ninguna de esas entidades publicaron una retractación de sus infamias luego de publicada la decisión.
Afirmó que con esa actitud quedó claro que su crítica no era un ejercicio legítimo del control social de la función jurisdiccional, sino más bien presiones mediáticas contra los jueces para tratar de torcer sus decisiones.
Explicó que el ataque empezó antes de conocerse el fundamento de la decisión, generando un ambiente de opinión en base a suposiciones carentes de total veracidad.
Expuso que el nuevo Código Penal fue declarado no conforme con la Constitución en la Sentencia TC/0599/15, sin que el TC ponderara los artículos que regulaban el aborto, pues hubo una violación insubsanable al procedimiento de adopción de la ley, al omitir la Cámara de Diputados enviar el texto enmendado con sus observaciones al Senado de la República.
Precisó que “esa grave y evidente violación de procedimiento”, que implicaba –a su vez– un desconocimiento de la naturaleza bicameral del Congreso Nacional, hacía innecesario que se pronunciaran acerca de los agravios de fondo que planteaban los accionantes.
Resaltó que quienes piden independencia a los magistrados del TC no pueden imponerles su dependencia, pues las imputaciones que se realizaron en torno a esta decisión son una mentira descomunal y que no es la forma de criticar las decisiones judiciales en un Estado de derecho, sino más bien de un atentado a la independencia judicial.
En otro orden, el presidente del TC, magistrado Ray Guevara, definió la corrupción y la impunidad como enemigas de la prosperidad, de la paz social y de la democracia¨, al tiempo que apoyó la propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía, para que se establezca una mesa de trabajo de los actores responsables del sector judicial.
A su entender, esa mesa debe establecerse para discutir, institucionalmente, la solución de particulares equivocaciones, desatinos, errores o engaños y buscar una legislación más equilibrada.
Recordó que en 2013, el 29 de julio, ante las corrientes marinas de superficie y del fondo que empezaban a azotar la nave de la administración judicial, planteó la necesidad de elaborar un Plan Estratégico Nacional para el Sector Justicia.
El magistrado Ray Guevara en su Rendición de Cuentas trató diversos temas relativos al ejercicio del Tribunal Constitucional en 2015, año que dijo fue de extraordinaria labor para el organismo.
