DICEN PUNTO COM
SANTO DOMINGO.El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección de Medio Ambiente (INSAPROMA) y las organizaciones sociales y comunitarias de la provincia de Peravia y de otras localidades, expresaron en la mañana de hoy su esperanza de que el Tribunal Superior Administrativo proteja a la población de Catalina, Paya y de la ciudad de Baní, de la contaminación que producirán las plantas de carbón que se construyen.
Explicaron que interpusieron un recurso de amparo ambiental preventivo ante ese tribunal basados en que el artículo 66 de la Constitución de la República establece el derecho de la población a la salud y a un medio ambiente sano que está amenazado por la gran contaminación que producirán estas plantas.
“Los jueces tienen el deber de proteger a los habitantes de las comunidades aledañas a las plantas de carbón de los efectos de 174 mil toneladas de cenizas y de 14 mil toneladas de escorias al año que producirán estas plantas como residuos de la quema del carbón mineral, de 30 toneladas de dióxido de nitrógeno y de 30 toneladas de dióxido de azufre que serán arrojadas cada día a la atmósfera, además de numerosas micropartículas de metales pesados”, plantearon.
Señalaron que estas substancias tóxicas provocarán en la zona una catástrofe sanitaria y ambiental, causando enfermedades respiratorias, especialmente en niños y en adultos mayores, padecimientos cardiovasculares, cerebrovasculares y cánceres pulmonares y de la piel, y graves daños a la agropecuaria de la zona.
Aclararon que este desastre ambiental y sanitario se duplicaría si se llegara a instalar la tercera planta que fuera autorizada mediante acuerdo secreto suscrito por el gobierno con la empresa Pinegy Commercial Group, S.R.L. recientemente revelado ante la opinión pública. Esta planta generará 600 megavatios, sólo 120 megavatios menos que las dos plantas que construyen el consorcio Odebrecht-Tecminont-Estrella, observaron.
