DICEN PUNTO COM
PORT ST. LUCIE, Florida, EE.UU. Port St. Lucie es un conjunto de complejos de viviendas y centros comerciales sin nada realmente distintivo, con excepción tal vez de su proximidad a una planta nuclear y el hecho de que allí hace su pretemporada el equipo de béisbol Mets de Nueva York. Un día Lily Zhong llegó a la ciudad, invirtió 500.000 dólares en un terreno y prometió construir un centro de negocios y otras actividades del que la urbe pudiese sentirse orgullosa.
Mostró planes para edificar edificios de varias plantas a lo largo de calles anchas, bonitas, en las que la gente podría hacer compras, instalar oficinas, cenar y asistir a eventos, según el Gregory Oravec, alcalde de esta ciudad de 174.000 habitantes, muchos de ellos jubilados que ansiaban tener un sector como ese.
“La idea era generar un sentido de comunidad”, expresó.
En lugar de llevar a cabo todos esos planes, las autoridades dicen que Zhong embaucó a los funcionarios municipales como parte de una estafa compleja a inversionistas extranjeros, a los que se les ofrecía la residencia permanente a cambio de que invirtiesen dinero en proyectos que generasen empleos.
Zhong recaudó al menos 8,5 millones de dólares de inversionistas chinos a través del programa de visas EB-5 y usó parte de esa suma para gastos personales, como la compra de automóviles de lujo, de una casa y un yate, según dijo la Comisión de Bolsa y Valores, conocida por sus siglas en inglés, SEC.
Congelación de bienes
La Comisión logró que un tribunal congelase en noviembre los bienes de Zhong, quien ha negado las acusaciones a través de su abogado, pero no se la ha acusado de delito alguno por ahora.
Este es uno de varios casos en los que se alega que el programa EB-5, en vigor desde principios de la década de 1990, está siendo usado para defraudar a miles de inversionistas, que pagan decenas de dólares pensando que van a conseguir la residencia, según la SEC.
“Es un programa legítimo, que, en términos generales, ha sido usado legítimamente”, expresó Eric Bustillo, director de la oficina de la SEC de Miami. “Pero hay estafadores que lo ven como una forma de conseguir dinero”.
A partir del EB-5, todo extranjero que invierta un millón de dólares en un proyecto que genere al menos 10 empleos puede conseguir un permiso de estadía por dos años para él y su familia. Cumplido ese plazo, puede solicitar la residencia permanente. En algunos sitios como Port Saint Lucie, que fue muy golpeada por la crisis de la vivienda de hace algunos años, basta con que inviertan medio millón de dólares para poder acogerse a ese programa.
Hay unas 10.000 visas EB-5 anuales, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, pero la SEC afirma que ninguna dependencia del gobierno supervisa las inversiones ni la concesión de residencias temporales, y tampoco revisa los proyectos que generan esas inversiones.
En un caso, la SEC y el Departamento de Justicia acusaron a Anshoo Sethi de usar información falsa al solicitar a 250 inversionistas mayormente chinos al menos 500.000 dólares por cabeza para un proyecto de 145 millones de dólares con miras a la construcción de un centro de convenciones en Chicago. Se engañó a los inversionistas diciéndoles que una importante cadena de hoteles estaba detrás del proyecto y que ya se habían conseguido todos los permisos de construcción, todo lo cual era falso, según documentos legales.
Los inversionistas pagaron unos 11 millones de dólares en “gastos administrativos” que debían ser reembolsados. Fiscales afirman, sin embargo, que el 90% de esa suma fue a parar a manos de Sethi y de sus empresas, incluidos 2,5 millones de dólares depositados en su cuenta en un banco de Hong Kong. Sethi se declaró culpable de fraude esta semana y podría ser condenado a hasta 20 años de cárcel.
En otro caso, la SEC acusó a Marco y Bebe Ramírez, de McAllen, Texas, de recaudar fraudulentamente 5 millones de dólares de inversionistas mexicanos, egipcios y nigerianos con la promesa de que se les conseguiría la visa EB-5. El dinero debía a ser depositado en una cuenta especial y no debía ser tocado hasta que se aprobasen las visas, pero la SEC dijo que los Ramírez lo usaron para abrir un restaurante y resolver una demanda.
Un juez congeló los bienes de los Ramírez y nombró un síndico para que lidiase con todas las demandas. Ninguno de los inversionistas consiguió permisos de residencia, de acuerdo con documentos legales.
Oravec, el alcalde de Port St. Lucie, dijo que Zhong generó suspicacias porque casi no se reunía con funcionarios municipales ni dio pasos concretos para poner en marcha el proyecto. “Siempre pensé que había gato encerrado”, expresó.
La concejal Shannon Martin dijo que la estafa representa otro traspié para un proyecto que está dando vueltas desde hace una década.
“Lamentablemente, se frustró de nuevo”, declaró durante una reciente reunión.
Los inversionistas embaucados por Zhong le escribieron a un juez pidiéndole que los ayude a recuperar su dinero.
“No sabíamos nada del supuesto fraude”, aseguraron en una carta firmada por 17 inversionistas.
El abogado de Zhong, David Case, sostiene que no hubo irregularidad alguna y que su cliente jamás prometió visas.
