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PALMA DE MALLORCA, España. El lunes comenzó en Palma de Mallorca un histórico juicio en el que se acusa a la infanta española Cristina de ayudar a financiar su lujoso estilo de vida con fondos que su esposo recibió de una supuesta trama de malversación de fondos públicos destinados a conferencias y eventos deportivos.
Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, no hicieron declaraciones a las docenas de periodistas reunidos a su llegada al lugar del juicio, una sala de tribunal improvisada en Palma de Mallorca, en medio de una estricta seguridad para mantener alejados a manifestantes contrarios a la monarquía.
El matrimonio se sentó en silencio con otros 16 acusados mientras el juez leía los cargos en el histórico juicio, que marca la primera ocasión en la que un miembro de la familia real española afrontará cargos penales desde la restauración de la monarquía en 1975.
Urdangarin y otro socio están acusados de desviar hasta 6,2 millones de euros (6,8 millones de dólares) de contratos inflados o que nunca derivaron en un trabajo real.
Cristina, de 50 años, está acusada de dos delitos de evasión fiscal que suponen una pena máxima de ocho años de cárcel, por supuestamente no declarar los impuestos sobre gastos personales pagados por una firma de bienes raíces propiedad de la infanta y su marido, un medallista olímpico de balonmano convertido en empresario.
Él afronta cargos más graves por supuestamente utilizar su antiguo título de duque de Palma para conseguir contactos públicos de políticos a través del Instituto Noos, una organización sin ánimo de lucro que dirigía con otro socio.
Las autoridades detuvieron el lunes a un manifestante con una bandera republicana poco antes de que la infanta llegara al lugar en un automóvil con cristales tintados.
Ella se sentará en el banquillo el lunes con otras 17 personas, incluido su esposo, el medallista olímpico de balonmano reconvertido en empresario Iñaki Urdangarin. Se permitió que un pequeño grupo de personas protestara cerca tras el comienzo de las sesiones.
Miles de manifestantes contrarios a la monarquía celebraron ruidosas protestas en 2014 mientras Cristina respondía a preguntas de un juez instructor sobre el caso.
Uno de sus abogados alegó el lunes en el tribunal que en el caso de la infanta debe aplicarse un precedente legal para desestimar los cargos, porque la fiscalía no cree que la hermana del rey cometiera un delito. El caso en su contra ha seguido adelante siguiendo una ley española que permite a grupos civiles presentar cargos aunque la fiscalía no lo haga.
Se esperada que los jueces hicieran un receso en la sesión el lunes por la tarde o el martes para decidir si la infanta seguirá acusada y se requiere que vuelva a comparecer en el tribunal cuando comiencen los testimonios en febrero.
Urdangarin no puede emplear la misma defensa, lo que implica que es casi inevitable que durante el proceso se revelen detalles sobre la vida cotidiana de la pareja tras los muros de la mansión que se vieron obligados a vender durante la investigación.
El caso tiene tantos acusados y abogados, además de periodistas que cubren el proceso, que las autoridades judiciales se vieron obligadas a trasladar el juicio de la sala del tribunal a un amplio edificio a las afueras de Palma de Mallorca, que suele utilizarle para impartir cursos masivos de formación a funcionarios.
El caso se instruye en la capital regional de Islas Baleares porque muchos de los negocios de Urdangarin que se investigan se hicieron en el archipiélago balear.
Durante su comparecencia a puerta cerrada en 2014, Cristina negó tener conocimiento de las actividades de su marido y un fiscal recomendó que se la sancionara sólo con una multa. Pero un juez decidió que Cristina podía ser procesada por evasión fiscal en 2007 y 2008.
Su caso fue impulsado por el grupo anticorrupción Manos Limpias.
Durante la investigación previa al juicio se conocieron detalles sobre la vida de la pareja —como fiestas pagadas por la firma de bienes raíces en su mansión modernista de Barcelona, clases de baile de salsa y vacaciones en costosos hoteles_, lo que indignó a los españoles, en un país golpeado por la crisis económica.
El caso se sumó a una serie de polémicas relacionadas con el padre de Cristina, el rey emérito Juan Carlos I, que se recuperaba de una fractura de cadera durante un viaje de caza de elefantes en 2012 considerado como un ejemplo de excesos monárquicos. Juan Carlos abdicó en 2014.
Al asumir el trono, el rey Felipe VI —hermano de Cristina— prometió restaurar la confianza pública en la monarquía española. Después despojó a Cristina y a su hermana mayor, Elena, de sus papeles como miembros oficiales de la familia real, aunque no han perdido sus puestos en el orden de sucesión a la corona.
Se espera que el juicio dure seis meses.
