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BUENOS AIRES. Unos 10 mil empleados públicos fueron despedidos desde el comienzo de año en Argentina por el gobierno de Mauricio Macri debido a supuestas irregularidades en su contratación realizada en los últimos días de la anterior administración de la presidenta Cristina Fernández, una decisión que ha puesto en alerta a las organizaciones gremiales y que podría significar el primer desafío en las calles al nuevo mandatario.
Los despidos se vienen produciendo desde el 31 de diciembre en distintos ministerios, el Senado, organismos oficiales y en alcaldías de la provincia de Buenos Aires que están gobernados por dirigentes del frente Cambiemos, del mismo partido político del mandatario.
“En la Argentina que se viene no va a haber más ‘ñoquis’’’, advirtió el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, en alusión a los trabajadores que cobran del Estado, pero no cumplen tareas o ni siquiera concurren al lugar de trabajo.
El presidente Macri ha ordenado una auditoría en ministerios y otras dependencias oficiales de numerosas contrataciones de personal firmadas por su antecesora Cristina Fernández en los días previos a dejar el poder. También se ha puesto la mira sobre trabajadores con militancia activa en el kirchnerismo y que el gobierno entiende pueden perjudicar el funcionamiento de la administración estatal.
Los trabajadores públicos sostienen que los despidos son indiscriminados y que son el resultado de una persecución ideológica, por lo que han iniciado un plan de protestas en defensa de sus fuentes de trabajo.
“Hay una campaña que ha lanzado el gobierno para intentar demonizar la figura del trabajador estatal y asociarla con la figura del ñoqui, como si todos los contratados por el solo hecho de ser trabajadores del Estado son ñoquis. Es una barbaridad”, dijo a AP Hugo Yasky, secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina.
“Hay una caza de brujas en algunos casos puntuales, pero también hay una política de despido de trabajadores como parte de un ajuste estructural que van a intentar hacer”, señaló el dirigente gremial. “Desde el movimiento sindical vamos a tratar de generar respuestas de movilización ante cada situación de despido”, agregó.
Un caso testigo de este conflicto es el Centro Cultural Néstor Kirchner, cuyas autoridades le anunciaron a los 700 empleados del lugar que no continuarán. Este jueves la mayoría de ellos se convocaron frente el imponente edificio, actualmente cerrado, para exigir su reincorporación.
“Hemos firmado una renovación de contrato que cubre todo el 2016 con el ministerio de Cultura el 4 de diciembre (pero) la nueva administración no reconoce la firma de ese contrato”, dijo a AP Cristian Barceló, empleado del centro cultural. “No tengo militancia política, no tengo contactos de nada, estudié música toda mi vida…acá hay gente que son profesionales de la cultura”, detalló.
Lombardi, funcionario responsable del establecimiento, explicó en un comunicado que allí hubo “incorporación irregular de una gran cantidad de personas cuyas funciones, en muchos casos, no están claras”.
El funcionario agregó que “ya estamos trabajando en el mejor equipo para el gran centro cultural de los argentinos” y que reabrirá sus puertas el 4 de febrero. Pero sus ahora ex empleados advirtieron este jueves que no lo permitirán.
“No somos una herencia del kirchnerista, como dice Lombardi. El Centro Cultural Kirchner no se abre sin sus trabajadores”, indicaron en un comunicado.
