Cientos de abusos a hijos de militares de Estados Unidos

WASHINGTON. Los hijos de los miembros del ejército estadounidense son víctimas de cientos de casos de abuso sexual cada año, según datos del Departamento de Defensa proporcionados de forma exclusiva a The Associated Press.

Los autores más frecuentes del abuso contra los hijos de militares son los hombres alistados, según los datos, seguidos por familiares de las víctimas.

Las cifras arrojan más luz sobre el abuso sexual a menores cometidos por militares, un problema de dimensiones inciertas debido a la falta de transparencia en los procesos legales militares. Dado que existe más de un millón de personas dependientes del ejército, el número de casos parece estadísticamente pequeño, pero para una profesión que se enorgullece del honor y la disciplina, cualquier caso de abusos supone una mancha.

Las cifras quedan muy lejos de ofrecer una imagen completa.

Las edades de agresores y víctimas, los lugares donde se produjeron los incidentes y la rama del ejército que recibió la denuncia de abusos se omitieron de los documentos. El Departamento de Defensa dijo en un comunicado que “se evitó la publicación de la información que de forma inintencionada pueda identificar a las víctimas para eliminar la posible ‘re-victimización’ de los inocentes”.

Tampoco está claro cuántos de los incidentes derivaron en acciones legales. Los casos representan casos respaldados de abusos sexuales denunciados al programa de Defensa de la Familia del Departamento de Defensa, que no monitorea procesos judiciales, informó el Departamento.

Una investigación de AP publicada en noviembre determinó que hay más reos en las prisiones militares por delitos de abusos sexuales contra menores que por cualquier otro delito, pero el opaco sistema de justicia militar impide que el público conozca la plena extensión de sus delitos o cuánto tiempo pasan entre rejas.

En respuesta a los hallazgos de AP, tres senadoras demócratas instaron al secretario de Defensa, Ash Carter, a levantar lo que describieron como la “capa de secretismo” del sistema de justicia militar y hacer que los registros de juicios por delitos sexuales queden accesibles.

Las senadoras también expresaron otra preocupación. Los casos que afectan a menores no se incluyen en el informe anual del Departamento de Defensa sobre agresiones sexuales, que se centra principalmente en incidentes entre adultos, informaron. Las senadoras —Barbara Boxer de California, Kirsten Gillibrand de Nueva York y Mazie Hirono de Hawaii— dijeron a Carter en una carta el 8 de diciembre que les preocupa que el Departamento esté minusvalorando la cantidad de agresiones sexuales registradas en el ejército.

Entre los años fiscales de 2010 y 2014 se produjeron al menos 1.584 casos respaldados de abusos sexuales contra personas dependientes del ejército, según los datos. Los niños sufrieron agresiones sexuales de miembros del ejército en 840 casos. Los familiares de las víctimas suponían la segunda categoría más grande con 332 casos.

La mayoría de los agresores enumerados eran varones con rangos entre el E-4 y el E-6. Por ejemplo, en la infantería de marina y el ejército esos rangos equivalen a cabos, sargentos y sargentos de primera. En 49 de los casos había oficiales implicados. Las víctimas eran niñas en la inmensa mayoría de los casos.

Kathy Robertson, directora del Programa de Defensa de la Familia, dijo en un correo electrónico respondiendo a preguntas que esa proporción refleja la demografía del ejército estadounidense. La mayoría de los casos incluyen personas de rangos E-4 y E-6 porque son el grupo más numerosos de personal en activo y la mayor parte de los militares con hijos, informó.

El hecho de que algunos datos se repitan indica que podría haber hasta 160 casos adicionales de abusos sexuales en el periodo entre 2010 y 2014, ya fuera por menores que sufrieron agresiones reiteradas o por personas que reincidieron en las agresiones. Las cifras sólo incluyen los casos que afectaban a personas dependientes del ejército, que son las únicas víctimas menores documentadas por el departamento.
AP/Eileen Sullivan y Meghan Hoyer

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