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SAN JUAN. El anuncio del impago de 37 millones de dólares de vencimientos de deuda que cumplen a principios de enero por parte del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, provocó críticas tanto de la oposición como de las aseguradoras por las consecuencias que puede tener en el país.
El presidente del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) y representante de Puerto Rico ante el Congreso en Washington, Pedro Pierluisi, señaló que la medida es nefasta para la historia de Puerto Rico.
“Por primera vez en su historia varias corporaciones públicas de nuestro Gobierno dejan de cumplir con sus obligaciones financieras. Las consecuencias de esta irresponsabilidad serán bien duras para todos los puertorriqueños”, indicó en un comunicado.
García Padilla confirmó este miércoles un impago esperado por la comunidad financiera, pero cuya cuantía y vencimientos concretos se desconocían.
El gobernador confirmó, sin embargo, que sí se abonarán 329 millones de dólares que vencen a comienzos de enero de obligaciones generales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, garantizadas por la Constitución local.
García Padilla anunció que no se cumplirá con los vencimientos del próximo 4 de enero de 35,9 millones en bonos de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (PRIFA, por su sigla en inglés), así como tampoco 1,4 millones de dólares más en bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por su sigla en inglés), ambas corporaciones públicas.
Pierluisi lamentó, además, que el Ejecutivo haya escogido específicamente esos dos vencimientos, ya que diferencia de las obligaciones generales cuyo cobro garantiza la Constitución local los tenedores de esos bonos tendrán pocas garantías en una disputa judicial de recuperar su dinero.
El líder de la oposición insistió, como lo ha venido haciendo durante las pasadas semanas, en el reclamo al Congreso estadounidense de que permita el acceso del Estado Libre Asociado al capítulo 9 del Código de Quiebra federal, lo que permitiría una reestructuración de la deuda ordenada bajo cobertura legal.
Apuntó también la posibilidad de que el Congreso en Washington pudiera promover legislación que autorice al Banco de la Reserva federal a garantizar deuda emitida por Puerto Rico.
Pierluisi alertó de que el incumplimiento anunciado por García Padilla provocará demandas judiciales que desestabilizarán todavía más las maltrechas finanzas de Puerto Rico.
Por su parte, las compañías Ambac Assurance Corporation y Financial Guaranty Insurance Company, que aseguran bonos emitidos por PRIFA, garantizados por los impuestos especiales federales sobre el ron y otros artículos producidos en Puerto Rico y que se venden en Estados Unidos, criticaron las medidas del Gobierno sobre la gestión de la deuda.
Las aseguradoras mostraron su oposición a la activación, a finales del pasado noviembre, de la cláusula constitucional de retención de ingresos (conocida en inglés como clawback) para afrontar pagos de la deuda pública, mecanismo que básicamente consiste en tomar dinero de corporaciones estatales para hacer frente a pagos que no pueden afrontar determinadas compañías públicas.
García Padilla incidió durante el anuncio en que el impago es una medida necesaria para atender las necesidades de los puertorriqueños, ya que no hay fondos para pagar la deuda y a la vez prestar los servicios indispensables a los ciudadanos.
El secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza, informó de que se deben abonar todavía 220 millones de dólares en reintegros a contribuyentes en concepto de declaraciones sobre rendimientos de la renta con derecho a devolución del pasado ejercicio fiscal, que no se han podido satisfacer hasta el momento por falta de liquidez.
Zaragoza dijo tras el anuncio que esta semana se enviaron reintegros por valor de 10 millones de dólares y que se espera que la medida del impago permita agilizar el proceso en las próximas semanas. EFE
