DICEN PUNTO COM
El Ministerio Públic, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitó medida de coerción consistente en prisión contra el exjuez Francisco Arias Valera y la jueza Awilda Reyes, quien está suspendida. Los dos están acusados de actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.
En su solicitud, la Procuraduría General de la República alega peligro de fuga de los imputados, debido a un comentario que hizo el abogado Tomás Castro que a su juicio da a entender esa posibilidad.
La solicitud será conocida mañana miércoles en la Segunda Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional. La audiencia, pautada para las 12:00 del mediodía, la llevará el magistrado Ramón Horacio, juez de instrucción especial.
Horacio fue designado por el magistrado Julio Canó Alfau, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Arias Valera, ex miembro del Consejo del Poder Judicial, y Awilda Reyes están imputados de formar parte de una red que se dedicaba a vender sentencias.
De acuerdo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, la suspendida magistrada Reyes le reveló que recibió dinero para ordenar la libertad del regidor de Pedro Brand, Erison de los Santos Solis, acusado de sicariato, e igualmente para devolver un avión incautado a uno de los ejecutivos del quebrado Banco Peravia, así como la devolución de 20 millones de dólares a la empresa constructora de la Torre Atiemar, vinculada a Arturo del Tiempo.
También que le dijo que había actuado por órdenes de Arias Valera y de superiores, los cuales no identificó. Pero que posteriormente Francisco Álvarez, miembro de Participación Ciudadana, con quien también habló, dijo que esas “órdenes superiores” fueron les fueron dadas a la jueza por el exprocurador Radhamés Jiménez Peña, según le confesó.
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