DICEN PUNTO COM
Santo Domingo. El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, busca incautar bienes e inmovilizar cuentas bancarias en contra del renunciante consejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, y la suspendida jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré.
En una instancia dirigida al juez de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, Ramón Horacio González Pérez, presume que éstos tienen ocultos documentos relativos a los hechos alegadamente ilícitos de corrupción.
Cita entre ellos informaciones bancarias, financieras, contables, transacciones sobre pagos de personas, servicio, además de transferencia, descargo, actas de constitución o modificación de compañía.
Procura obtener información que vincularía a los magistrados a empresarios de la construcción y otros que puedan resultar involucrados en la adjudicación y ejecución irregular de obras.
Entiende que esos documentos resultan de gran utilidad para la investigación en curso y aquellos que se vinculen con la misma. “Todos provenientes de los presuntos delitos de corrupción que se investiga, a fin de proceder al secuestro de los mismos por parte del Ministerio Público, hasta tanto concluya la investigación en curso concediéndonos para la ejecución de la orden de allanamiento a ser dictada un plazo de quince días”, sostiene.
El juez González Pérez autorizó a realizar los allanamientos a la residencia de Reyes Beltré y Arias Valera.
Pero rechazó la solicitud de arresto, por considerar que no se ha demostrado que los investigados hayan sido citados a comparecer y no obtemperado al llamado del funcionario competente.
Además, que como lo exige el ordinal segundo del artículo 225 del Código Procesal Penal, que su presencia sea necesaria durante la investigación o conocimiento de la infracción, lo que hasta ahora no ocurre en la especie.
Mientras que los abogados de la defensa de los imputados, Carlos Balcácer y Tomás Castro, solicitaron al Procurador tramitar la realización de una experticia caligráfica del recibo en que figura Reyes Beltré devolviendo a Arias Valera RD$350,000, supuestamente entregados por el renunciante consejero como adelanto para liberar al regidor del municipio Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís (Ney), acusado de pertenecer a una red de sicariato, lavado de activos y extorsión.
Balcácer reclama al Procurador tramitar al Departamento de Criminología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el original del recibo, para practicarle una experticia caligráfica.
Castro dice que Reyes Beltré se pone a disposición con el propósito de que un perito haga las experticias a la firma que aparece en el recibo que “aparece falsamente puesta o escrita por la suscrita”.
