DICEN PUNTO COM
Santo Domingo.-El abogado del presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNATRAFIN), William Alberto Garabito, aseguró ayer que el expediente contra el profesor Arsenio Quevedo, presentado por la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, está sustentado en base a falsedades, a tal punto que para involucrar al presidente del gremio de chóferes a las acciones delictivas que se le imputan, fue necesario la fabricación de un testigo al que vinculan a la entidad sindical.
Garabito afirmó que al falso testigo lo obligaron mediante torturas, a declarar que habría recibido órdenes de la dirección de UNATRAFIN para resolver un problema del sindicato, indicando que esta persona no es empleado ni afiliado al gremio.
Dijo que a partir de esta falsedad, la propia Fiscalía elaboró un documento que le obligó a firmar, en el que, supuestamente, narra los hechos y su participación, para luego ser apresado a fin de continuar con el montaje del expediente.
“A partir de ese momento, la magistrada se percata de que dicho testigo no incriminaría al dirigente sindical Arsenio Quevedo en el prefabricado expediente, y lo manda a buscar a su despacho para tratar de sobornarlo con el ofrecimiento de una vivienda, trabajo para él y su pareja, además de cierta cantidad en efectivo”, afirmó el abogado.
Manifestó que en plena audiencia, el testigo Danilo Octavio Reynoso Recio (Danilo El Prieto), reveló toda la trama al magistrado actuante y, no obstante, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Honorio Antonio Susaña, de manera servil, sigue los mandatos de la procuradora fiscal, imponiendo un año de coerción y declarando el caso como complejo, enviando a los dos acusados, Quevedo y Reynoso, a la cárcel de Higüey.
El presidente de UNATRAFIN, Arsenio Quevedo fue arrestado la mañana de este miércoles, luego de presentarse al Palacio de la Policía horas después de que su casa fuera allanada y su esposa detenida.
Al momento de su detención, Quevedo acusó al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y al diputado y empresario del transporte Juan Hubieres de haber propiciado una persecución en su contra por razones políticas y por el control de rutas de guaguas públicas.
