SANTO DOMINGO. Dirigentes políticos reaccionaron ayer ante las declaraciones del embajador de Estados Unidos, James W. Brewster, quien cuestionó los altos niveles de corrupción en la sociedad dominicana, y pidió acciones para enfrentarla.
El candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, afirmó que la peor corrupción es instrumentalizar la necesaria lucha contra la corrupción y el narcotráfico “como arma de política exterior para la obtención de concesiones en las otras agendas, en violación a las normas del derecho internacional”.
Castillo consideró que Estados Unidos tiene muy poca autoridad para abordar los temas de corrupción y narcotráfico, porque se ha comprobado aquí y en buena parte del mundo, que sólo los plantea “en forma acomodaticia, insincera y selectiva, según convenga a sus intereses”, explicando que por eso pierde credibilidad.
Sostuvo que los Estados Unidos tienen una cuota de responsabilidad apreciable en el avance de la corrupción y el narcotráfico en América Latina, por el doble estándar y duplicidad con la que trata estos temas, algo que han comprobado comisiones de investigación del Congreso Norteamericano.
Para el secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jesús Vásquez, “lo que dijo el embajador de Estados Unidos es lo que la sociedad dominicana percibe, que en el país la corrupción ha desbordado todos los límites”.
Vásquez aseguró que el gobierno del presidente Danilo Medina es el más corrupto, porque ha actuado con irresponsabilidad ante los casos de corrupción.
Estableció que el Poder Ejecutivo y el Judicial tienen la responsabilidad de encaminar sanciones contra la corrupción.
El presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Víctor Bisonó, consideró oportunas las críticas del diplomático estadounidense, al señalar que la corrupción es un tema que inquieta a los inversionistas, sobre todo en este país en el que Estados Unidos es el principal socio comercial. “Hay inquietudes cuando no hay reglas claras, cuando no hay un Estado de derecho que se corresponda con el respeto a la Justicia, ni hay una consecuencia a los hechos de corrupción, mucho más cuando en esos hechos se ven involucrados funcionarios”, indicó.