DICEN PUNTO COM
ANTO DOMINGO. El 9 de junio de este año, a las 2:07 p.m., en la Dirección General de Minería fue depositada una carta fechada el día anterior, acompañada de las documentaciones necesarias “para completar el expediente de la solicitud de la concesión de explotación denominada Hatillo, perteneciente a la empresa Cemento Santo Domingo”.
La carta esrá firmada por Néstor José Díaz, representante y apoderado por la empresa, y era dirigida al director de general de Minería, Alexander Medina. En ella se afirma que es en respuesta a una comunicación de esa institución estatal, que fue respondida por Cemento Santo Domingo el 23 de febrero de 2015.
Según el Ministerio de Energía y Minas, estos hechos apuntan a que la cementera no contaba al 23 de noviembre con una licencia de explotación en la concesión de Hatillo, cuando la familia Abinader Corona denuncia que el Gobierno le suspendió la licencia de explotación a la empresa Cementos Santo Domingo, en la que son accionistas.
En esa ocasión, José Rafael Abinader Corona, presidente de la empresa y hermano del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, atribuyó la decisión del Ministerio de Energía y Minas de rechazo de la concesión de explotación en Hatillo a “un abuso de poder con motivaciones políticas”.
Pero las informaciones documentadas confirman que la decisión del Ministerio de Energía, emitida el 13 de noviembre, es en respuesta a la solicitud realizada por la empresa, que a noviembre de 2015 aún estaba a la espera de una respuesta sobre el otorgamiento de “la concesión de explotación”.
Según Susana Gautreau, directora Jurídica de Minas, la solicitud de la cementera se introdujo el 3 de mayo de 2014, cuando “la vuelven solicitud de explotación”. Dice que luego fue reintroducida el 30 julio de 2013, y que a partir de esa fecha “la vuelven a mover”.
Medio Ambiente
Energía y Minas sustenta su decisión de rechazo en un oficio emitido por el Ministerio de Medio Ambiente, fechado el 25 de septiembre de 2015, en la que se certifica que la concesión de Hatillo para explotación de rocas calizas ocuparía una superficie total de 59.80 kilómetros cuadrados, de los cuales “el 92.78% se encuentra dentro de los límites de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, incluyendo el Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó (…) así como la Reserva Forestal de Hatillo”.
El 30 de julio de 2004, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 202-04 sobre área protegida, la que según, Medio Ambiente, incluye gran parte de la zona en disputa.
Pero años antes, el 5 de julio de 1999, la entonces Secretaría de Estado de Industria y Comercio autoriza (mediante el oficio 479/99) a la empresa ABCO (que hoy se llama Cemento Santo Domingo) a “establecer un negocio de explotación de yacimientos calcáreos para la producción de agregados y cementos”. Según Gautreau, esta autorización no incluye la explotación de piedra caliza.
Pero observa algo que llama la atención. La autorización no describe el área de explotación.
Aprobación
Sonia Guzmán, ministra de Industria y Comercio durante la administración de Hipólito Mejía, declaró este martes que siendo su titular, la Dirección General de Minería, bajo su dependencia aprobó a favor de Cemento Santo Domingo, el permiso de explotación de los yacimientos calcáreos para la producción de agregados y cementos.
Con esa demostración dijeron desmentir la afirmación de Minas de que el permiso no ha sido renovado. “Ustedes pueden ver, sí, fue renovado y precisamente en el gobierno del presidente Medina”, observaron.
Además, este miércoles la Cemento Andino aseguró que el polígono de operación de Cementos Santo Domingo se encuentra fuera del Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó.
Alegaron que Medio Ambiente otorgó un permiso, expedido en 2013 y válido por 5 años, con la autorización para exploración y explotación de la cementera.
Ruido político
Además, en la misma rueda de prensa, el geólogo Néstor Díaz, armado con mapas que dicen son de Medio Ambiente, afirma que existe una franja de 300 metros de ancho que separa al polígono de operación del área natural protegida.
Más allá de las argumentaciones sobre “un abuso de poder con motivaciones políticas”, característico de las coyunturas electorales del país, tal vez el argumento de Díaz toque el aspecto central que debería aclararse por las implicaciones para la sociedad, pero que es sepultado bajo de una montaña de ruidos políticos y electorales. Consiste en responder la pregunta: ¿Hay una cementera dentro de las áreas protegidas?”.
Y ésa es una pregunta, que, si se quiere, se puede responder.
