DICEN PUNTO COM
SD. El magistrado de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, propuso a ese organismo que se dicte y publique la Proclama Electoral para las elecciones ordinarias generales presidenciales, congresuales y municipales del 15 de mayo del 2016, con efectividad a partir del 15 de diciembre, para darle inicio a la campaña.
En carta dirigida al presidente de la JCE, Roberto Rosario, sostiene que una vez pronunciada y publicada la Proclama Electoral, se deben tomar una serie de medidas.
Cita la de requerir a todos los funcionarios del Estado y los ayuntamientos que participen en la presente campaña, incluido el Presidente de la República, abstenerse de utilizar naves aéreas, vehículos, combustible, o cualquier otro bien del Estado para desplazarse hacía las actividades de sus partidos o candidatos y durante el desarrollo de las mismas.
“Si por razones de seguridad el ciudadano Presidente se viera precisado a utilizar sus vehículos oficiales, deberá pagar el combustible consumido y los demás gastos”, sostiene.
También impedir a las instituciones del Estado y a los ayuntamientos la realización de propaganda electoral, debiendo limitarse estrictamente a la orientación institucional de la población, quedando prohibida la difusión de mensajes expresos o subliminales que beneficien o promuevan cualquier candidatura u organización política.
La propuesta contempla la prohibición de propaganda en actos públicos de las instituciones del Estado y los ayuntamientos, y la promoción de los candidatos en los actos públicos, principalmente en las inauguraciones que encabecen el Presidente de la República y los alcaldes municipales. Olivares pide que se apruebe la abstención de la realización en los actos públicos o en sus proximidades de marchas, mítines o cualquier tipo de manifestación que promuevan un determinado candidato a puestos de elección popular, así como el uso de pancartas, letreros o propaganda de cualquier tipo.
Además a los funcionarios públicos repartir a personas o entidades privadas, bienes adquiridos con fondos públicos o que les hayan sido donados por terceros. Busca prohibir a los funcionarios públicos prevalecerse de sus cargos para realizar campaña y proselitismo a favor de los partidos o candidatos.
Igualmente hacer uso de las áreas físicas y espacios, instrumentos, equipos, materiales y personal de su institución a favor de los candidatos a cargos de elección popular.
De acogerse la petición, se prohibiría la participación de los funcionarios públicos que hayan sido proclamados como candidatos, incluido el presidente de la República, en las inauguraciones de obras públicas del gobierno central y de los ayuntamientos, hasta después del 15 de mayo del 2016. Plantea requerir a las instituciones del Estado y los ayuntamientos depositar en la JCE la constancia de que la publicidad que tienen vigente en los medios se enmarca dentro del parámetro institucional.
Congelar las nóminas correspondientes a los programas sociales del gobierno y los ayuntamientos.
