La fundación Transparencia y Democracia, respaldo la propuesta del senador José Rafael Vargas, en el sentido de que las Rectificaciones de los Actos del Estado Civil, sean de la competencias de los juzgados de paz, o por los tribunales civiles como sucedía anteriormente.
El presidente de la Fundación Transparencia y Democracia, Lic. César Manuel Matos Díaz, dijo que a la sociedad le resulta costoso y difícil, ya que tienen que trasladarse desde las diferentes provincias hasta el Distrito Nacional, por demás, de la demora que produce el cúmulo de expediente que se encuentran el Tribunal Superior Electoral.
Matos Díaz, fue enfático al reiterar que en la actualidad los usuarios tienen que gastar entre 600 y 1,000 pesos de pasaje para trasladarse al TSE, en el Distrito Nacional, donde tienen que esperar cerca de dos (2) años para obtener una sentencia que se dicta de manera administrativa, pero que la cantidad de expedientes que conoce el referido tribunal provoca la demora.
El dirigente de la sociedad civil, exhortó a los Senadores a Diputados a sensibilizarse, ya que se trata de una situación humana, que las más de las veces, obstaculiza hasta la reclamación de herencias y sucesiones, ya que se les hace imposibilita a los ciudadanos la corrección de simples errores en las Oficialías del Estado Civil al momento de hacer las inscripciones.
El presidente de Transparencia y Democracia, apuntó que en los próximos días una delegación de esa entidad visitará el Congreso Nacional, en procura de humanizar a los legisladores para que tomen en cuenta la importancia del proyecto del senador peledeista por la provincia Espaillat y para que conste que éste no es un pueblo sin dolientes.
César Manuel Matos Díaz, refirió que, los más beneficiados con la aprobación del proyecto serían los “munícipes del interior”, que son los más sacrificados con los viajes que tienen que realizar a la capital, para rectificar sus actas.
Al tiempo que demandó el respaldo de la sociedad al referido proyecto de ley, indicando que la fundación se mantendrá en pie de lucha hasta que el proyecto se convierta en ley y sea promulgado por el ejecutivo.
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