DICEN PUNTO COM
SANTO DOMINGO. El caso del suspendido embajador alterno de la República Dominicana ante la Misión Permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francis Lorenzo, acusado de ser intermediario para la gestión de sobornos a un expresidente de la Asamblea General de esa institución, también destaca la transferencia de US$30 mil al mes a una compañía -no identificada- localizada en el país, cuyo gerente general es un hermano suyo.
Así lo establece el expediente que contiene la acusación contra él y cinco personas más, incluido John W. Ashe, expresidente de la Asamblea General de la ONU, a quien Lorenzo habría servido de intermediario ante el empresario chino Ng Lap Seng para el pago de sobornos con el fin de la promoción de inversiones en Antigua y Barbuda y en un centro de conferencias de la ONU en Macao.
Lorenzo se declaró “no culpable” al ser instruido formalmente de los cargos que se le imputan. Su representante legal, Brian Bieber, le dijo al juez que su cliente ha mantenido una conducta impecable, tanto en su ejercicio oficial como en el sector privado, y “no es un criminal”, por lo que pidió su liberación bajo fianza.
El dominicano fue designado presidente honorario de la Fundación South South News -creada por Ng en 2009-, con un salario mensual de US$20 mil. En septiembre de 2013, dicha entidad reconoció a la Primera Dama Cándida Montilla de Medina y a los primeros ministros de Bangladesh, y Saint Kitts y Nevis, por el trabajo de cada uno a beneficio de las personas con discapacidad.
El expediente del caso, presentado el 5 de octubre por el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, indica que el expresidente de la Asamblea General de la ONU recibió US$810 mil durante 2013, de los que US$25 mil provinieron de la fundación que preside Lorenzo.
En septiembre de 2013, Ashe, un exembajador de Antigua y Barbuda en la ONU, asumió la presidencia de la 68 Asamblea General de las Naciones Unidas, posición en la que duró un año. Está acusado de aceptar más de US$1 millón en sobornos, y enfrenta cargos de fraude fiscal.
Se alega que el exfuncionaro, de 61 años, usó sus influencias para respaldar un centro de conferencias auspiciado por la ONU que Ng esperaba construir como su legado en Macao, una región administrativa de la costa sur de China.
