DICEN PUNTO COM
SANTO DOMINGO.– El presidente de la Fundación Transparencia y Democracia, César Manuel Matos Díaz, calificó como vergonzoso y abusivo el aumento de un pírrico 14% dispuesto sobre el salario mínimo del sector privado, en momentos en que la moneda nacional registra su peor depreciación y que el costo de la canasta familiar ronda por encima de los 27 mil pesos.
Matos Díaz, dijo que mientras se hacen indexaciones a los salarios de los funcionarios para compensar la pérdida del poder adquisitivo del peso, se produce un concierto de voluntades entre los patronos y el gobierno, para darle una puñalada trapera a la clase obrera.
Además proponiendo y disponiendo un aumento salarial vergonzoso y hasta humillante, que en el mejor de los casos alcanzaría unos mil quinientos pesos, para pagar casa, comida, medicina, pasajes, ropas y servicios básicos.
El presidente de Funtradem, expresó que mientras empresarios y funcionarios se dan la buena vida, con los beneficios de los bienes y servicios que generan los obreros, técnicos y profesionales, las clases trabajadoras tienen que vivir el peor de los viacrucis para apenas subsistir junto a sus familiares, viéndose obligados a permanecer en barrios donde impera la inseguridad, en medio de elevados índices de violencia, en vista de que no ganan con que pagar alquiler en otro sitio.
Matos Díaz, señaló que esta es una sociedad donde el Estado conjuntamente con la clase empresarial, promueve la desigualdad social, profundizando así la tremenda brecha existente entre pobres y ricos, donde los tutumpotes se exhiben con carros pescuezos largos que en muchos casos cuestan varios millones de pesos.
Mientras se le niega a los trabajadores un salario que les permita vivir en condiciones humanas, con menos hacinamiento y con derechos a la salud, accesibilidad a viviendas, recreación y libertad.
Y en ese orden señaló, que esa entidad se unirá a las jornadas de lucha de la clase sindical, contra los atropellos y vejámenes a que están siendo sometidos los trabajadores dominicanos y los servidores públicos que se ven obligados a pasar el miagara en bicicletas para conseguir una pensión de hambre, que contrasta con las pensiones de 100, 200 y hasta 300 pesos que reciben funcionarios y lesgisladores.
