DICEN PUNTO COM
El consejo de abogados del empresario William Amador Álvarez emplazó al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y a sus 48 asociaciones afiliadas a rectificar las afirmaciones expresadas en un comunicado público en el que califica como un acto delincuencial la ejecución de una orden de desalojo contra Bepensa Dominicana, basada en una sentencia judicial definitiva y en una resolución emitida por la Procuraduría General de la República.
Mediante una comunicación suscrita por el jurista Ramón Pina Acevedo, el equipo legal de Amador Álvarez afirmó que el CONEP incurrió en declaraciones injuriosas y en una grave falta ética al fijar posición pública sobre un asunto que no conoce y calificar como “turberos” a profesionales y trabajadores que simplemente estaban cumpliendo un mandato legal.
Al mismo tiempo el equipo legal advirtió al jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, que esa institución incurrió en un grave abuso de autoridad al ocupar el área objeto de desalojo sin la autorización de un órgano competente, por lo que procederá a llevar el caso a los tribunales para que disponga las sanciones y las correcciones pertinentes.
Indicó que la Policía desconoció la orden de un tribunal y la resolución del Ministerio Público al ocupar la parcela envuelta en el litigio varias horas después de que ya se había ejecutado sin ningún incidente el procedimiento de desalojo.
“El señor William Amador Álvarez es propietario de 15 mil 342.14 metros cuadrados, en el sector conocido como La Feria, del Distrito Nacional, tal como lo certifica la sentencia de adjudicación dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de fecha 11 de septiembre de 1984, y la sentencia en casación de la Suprema Corte de Justicia, de fecha primero de julio de 1988, reconociendo el valor jurídico de la sentencia de adjudicación a su favor”, indicó Piña Acevedo.
Y apuntó que la empresa Bepensa Dominicana, antigua Refrescos Nacionales, es propietaria de una porción colindante de 21 mil 378.62 metros cuadrados, tal como lo certifica el título definitivo de propiedad, que anexa como parte del emplazamiento.
Sostuvo que la empresa embotelladora de Coca Cola retiene de manera arbitraria y en contra de 7 sentencias y una resolución de desalojo de la Procuraduría General de la República los 15 mil 342.14 metros cuadrados de William Amador Álvarez, junto con 21,378.62 metros cuadrados de su propiedad, ocupando un total de 36 mil 720 metros cuadrados en franco desafío a la ley.
Consideró que la posición del CONEP puede entenderse como un ejercicio de solidaridad empresarial, “pero de ningún modo puede justificar una denuncia irresponsable en contra del papel que ha jugado la Justicia Dominicana y las autoridades del Ministerio Público durante un lapso de más de 37 años desde el momento en que los tribunales emitieron la primera sentencia reconociendo los legítimos derechos del señor William Amador Álvarez”.
